Una jornada llena y, en cierta manera, previsible. Así se puede definir el martes que ha vivido la Sala Grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las vistas de las cuestiones prejudiciales contra la ley de amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y, por otro lado, por la Audiencia Nacional. Dos procesos que recogen las dudas expresadas por los dos tribunales sobre la aplicación del olvido penal para el independentismo a los procesados por malversación y, por otro lado, en los casos de los investigados por terrorismo en el marco de las diligencias de la operación Judes, una razzia de escarmiento contra los Comités de Defensa de la República (CDR) tres semanas antes de dictarse la sentencia del Procés.
A las nueve de este martes por la mañana, los quince integrantes de la Sala Grande que presidía M.K. Lenaers se han sentado para escuchar la exposición oral tanto de los impulsores de las prejudiciales como de los abogados que defienden la aplicación de la ley ya habían avanzado por escrito. De todas formas, aunque las vistas orales del TJUE son muy acotadas y, por tanto, muy previsibles, han servido para comprobar que el debate sobre la amnistía en Europa ha tenido un componente mucho más político que jurídico. De hecho, el abogado de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, ha sido especialmente duro contra la ley, pero, eso sí, replicando el argumentario político que día tras día, tanto PP como Vox, y su cobertura mediática, utilizan contra la ley. Un tono y un contenido que ya había dejado entrever en su escrito de alegaciones.
Dos vistas que permiten vislumbrar una respuesta positiva del TJUE a la legitimidad de la ley, y más teniendo presente que ningún otro estado de la Unión, a diferencia de las prejudiciales de Lluís Puig, se ha involucrado en el procedimiento. Ahora hay que esperar las conclusiones, no vinculantes pero siempre muy indicativas, del abogado general del TJUE, que precederán la sentencia. Una resolución que podría coincidir con las primeras decisiones del TC sobre los recursos de amparo de los condenados por el Procés que no han sido amnistiados.
Un pacto político
La vista de la mañana ha permitido mostrar las costuras de la intencionalidad de las cuestiones prejudiciales presentadas a través del Tribunal de Cuentas. Cabe recordar que quien impulsó abrir este procedimiento europeo fue quien también abrió el procedimiento de responsabilidad contable ante el mismo órgano no jurisdiccional, la entidad españolista Sociedad Civil Catalana. Un detalle curioso, que los abogados de la entidad que han presentado las prejudiciales cargando contra la ley –Juan Chapapría y Diego Martínez– se han vestido con la toga belga, a diferencia de los otros abogados de la sala, que han vestido la toga de sus colegios de origen. La intención de SCC es que la amnistía no salve de la muerte civil a la treintena de procesados –entre los cuales están Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– en la reclamación de cinco millones de euros.
El posicionamiento de SCC ha sido evidente desde el primer momento, reduciendo las ocho cuestiones presentadas a una crítica al hecho de que la ley sea producto de un pacto político de investidura. Como, por otro lado, normalmente deben ser los pactos en el poder legislativo. Incluso, han sacado el espantajo de Santos Cerdán, encarcelado por la causa Koldo de supuesta corrupción con las adjudicaciones de la administración. Dejando caer que es el encarcelado quien construyó un pacto de investidura que llevaba implícito aprobar una ley de amnistía. SCC, sin embargo, se ha quedado sola, porque ni siquiera la agresividad ofensiva de Carlos Urraca le ha llevado a mantener que la amnistía haya perjudicado intereses financieros de la Unión Europea.
La legitimidad del pacto político ha sido uno de los puntos centrales de ambas vistas. Los abogados de los CDR han sido bastante contundentes en defender esta legitimidad de la ley de acuerdo con unos acuerdos de mayoría parlamentaria. En este sentido, uno de los pilares de las defensas es recordar al TJUE que no deben mirar hacia la oportunidad política, sino «simplemente razonar si jurídicamente la ley es legítima». De ahí que defensas y acusaciones se han envuelto en el debate sobre si la ley es o no es una «autoamnistía». Un debate que las defensas de los que esperan la aplicación de la amnistía han cerrado con un hecho objetivo, que, de rebote, termina con el pensamiento de discriminación de la ley, y es que en el balance final se han liberado de penas y procesos decenas de policías y guardias civiles. En cambio, los líderes del Procés aún esperan.
Una pelea inédita
Uno de los puntos más sorprendentes de la jornada ha sido el combate entre la Abogacía del Estado y la fiscalía española, por un lado, y el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, por otro, que ha tirado de veta del argumentario del españolismo. La jefa de la delegación de los letrados del Estado ante el TJUE, Andrea Gavela, no ha perdido los papeles y ha mantenido la posición jurídica ante la ofensiva política de Urraca, que negaba que la amnistía «responda a un interés general porque forma parte de un acuerdo de investidura» y se ha reafirmado en la acusación «de autoamnistía».
Gavela ha entrado al cuerpo a cuerpo, pero evitando la maniobra de utilizar argumentos políticos. En primer término, ha recordado que el debate sobre la legitimidad constitucional de la amnistía corresponde al Tribunal Constitucional. En este sentido, ha recordado la sentencia del TC que hace dos semanas avaló la ley y el criterio de trato diferencial de la norma, dado que procura “superar el conflicto político”. De todas maneras, Gavela ha defendido que la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley y no responde a ningún tipo «de autoamnistía».
Las palabras de Gavela no han caído en saco roto. Al contrario, el vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitz, ha preguntado a Gavela por el famoso apartado 1.2.2 de la sentencia del TC para “disipar” sus “temores” sobre las vías de consulta al TJUE que tendrán los tribunales inferiores. Una cuestión que ha respondido con serenidad recordando que la resolución del TC permite a los tribunales inferiores poder presentar la cuestión prejudicial porque la sentencia solo ha hecho un «control abstracto constitucional», por tanto, en un caso concreto podrían tomar la vía europea para aclarar dudas.
El terrorismo, un punto de fricción
Tras el análisis indirecto de la malversación que se suponía que debía tener la vista impulsada por SCC, y que se ha reducido a un debate político, ha entrado de lleno el debate sobre si el terrorismo es amnistiable o no, según la legislación europea. Todo ello, en el marco de la operación Judes, un sumario donde cabe recordar que ni se reclama ninguna responsabilidad civil ni se atribuye a ninguno de los acusados ninguna violación de los derechos humanos. Tampoco causaron ninguna víctima y en el procedimiento no se ha personado ninguna acusación particular.
Los abogados de los CDR han tenido que replicar a Urraca, que cargaba contra el artículo de la ley de amnistía que permite amnistiar delitos de terrorismo que no afecten los derechos humanos. Su tesis, como abogado de la Comisión Europea, es que la ley puede vulnerar la directiva antiterrorista por falta de “certeza”, “precisión” y “previsibilidad” de la norma. Una serie de “defectos” o «deficiencias” de la norma que no solo vulnerarían el principio de “seguridad jurídica e igualdad”, sino que también pueden vulnerar la legislación antiterrorista de la UE, opina Bruselas.
Por su parte, el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y las asociaciones de guardias civiles, José María Fuster Fabra, ha mezclado los CDR con el yihadismo. De hecho, ha afirmado ante el tribunal que con la amnistía se abre la puerta a la «impunidad» de terroristas yihadistas que no hayan cometido atentados. Los letrados no se han achicado y han argumentado que la sentencia del TC que avala la amnistía incluso concluye que amnistiar según qué delitos de terrorismo no contraviene en ningún punto la directiva europea. De hecho, los magistrados ponían el ejemplo de la mención especial a la directiva para justificar la amnistía.
