Damià del Clot (Vilassar de Mar, 1973) es doctor en derecho, abogado, politólogo y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Del Clot ha reconvertido su tesis doctoral en un ensayo en formato de trilogía sobre los poderes soterrados del Estado español.
Permita que empiece con una cuestión práctica. La violencia estructural o el monopolio de la fuerza ejercida por el poder judicial es una tónica habitual de los estados. ¿Qué tiene de diferente el Estado español?
Bien, en el Estado español, yo diría, tiene tres grandes diferencias. Desde el 2010, el poder judicial se transforma en un poder absoluto, es decir, que está por encima del legislativo y del ejecutivo. El legislativo y el ejecutivo han abdicado de intentar resolver problemas políticos. La diferencia también es que el poder judicial ha ocupado el espacio que en principio tendrían que tener aquellas instituciones de legitimidad democrática directa como son los parlamentos o los gobiernos. Al ocupar este espacio, el poder judicial se ha transformado en un actor político capaz de aplicar el derecho a la carta, capaz de no respetar la jurisprudencia como precedente legal otras cuestiones similares y, evidentemente, de aplicar el derecho penal del enemigo, de marcar la agenda política, de actuar con agenda propia… Es decir, el poder judicial se ha transformado en un poder absoluto, de forma que yo, cuando en la universidad enseño derecho, explico que tendemos a ser una democracia legalista y un estado judicial. Esta es la diferencia del Estado español con muchos estados de la Unión Europea.
De hecho, hay una cuestión que me sorprende en su libro, y es la afirmación de que el Estado español sobresale respecto a otros sistemas en esta deriva judicial.
Sí, porque el Estado español ha logrado un alto grado de perfeccionamiento en el hecho de ser un estado judicial y una democracia legalista que ha puesto en el epicentro del debate democrático lo respecto a la ley, cuando debería que estarlo el respeto a la voluntad popular. Ha llegado un momento en el que la política, los actores políticos y la gente de la calle han aceptado que solo es democrático aquello que es legal. Es decir, se ha situado la ley en el epicentro del debate y todo se conforma alrededor del respeto a la ley. Y esto es una anomalía que, en el Estado español, pasa a ser la norma general, y por eso los jueces del Estado español han destacado a la hora de marcar la agenda política y hacen que la gente acabe respetando el que ellos dicen. El Estado español ha logrado la excelencia en la consolidación de la idea de que los que mandan son los jueces. De forma que hemos hecho una ley de amnistía intentando prever qué dirían los jueces.
Según su libro, no solo los jueces, sino aquellos que precisamente durante la Transición, o más bien el pacto de
Sí. Es decir, los padres de la Constitución situaron al TC fuera de lo que es el poder judicial, como tribunal que velaría por el buen funcionamiento de la Constitución. Se asumía que el poder judicial estaba muy politizado, que había jueces franquistas, que había un poder franquista que todavía operaba a la sombra del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia. Por eso se quería que el Tribunal Constitucional quedara fuera. Pero esto cambió.
¿Qué pasó?
En un primer momento, el TC es un tribunal que realmente hace su trabajo, solo hay que ver la cuestión de la LOAPA, (una ley que recortaba las competencias de las autonomías) cuando la declaró parcialmente inconstitucional en sus principales artículos. Pero, a partir de la reforma del Estatuto del 2006, el Tribunal Constitucional se transforma en un actor político potentísimo. Es decir, es una tercera cámara donde la derecha española es capaz de tumbar leyes o de tumbar proyectos políticos que no han podido tumbar en el Congreso y el Senado. No solo es una tercera cámara, sino que a la vez se vuelve un guardián de la Constitución porque es la última instancia, es decir, es la última instancia que interpreta el derecho. Y, por lo tanto, es un actor político de primera magnitud.
En el libro, diferencia entre un golpismo blando y un golpismo duro.
El golpismo duro es el golpismo tradicional de toda la vida. Una de las tesis del libro es que cuando Cataluña ha intentado lograr mayores cuotas de poder político, el Estado ha respondido con este sistema. Los ejemplos son la Mancomunidad, por eso en 1923 hubo el golpe de Estado de Primo de Rivera; con el Estatuto del 1931, que hubo la
De su libro interpreto que a través de Cataluña, en cierto modo, los poderes que han dominado el Estado durante, como mínimo, dos siglos, se quieren perpetuar con este lawfare. O sea, Cataluña es una excusa más para prolongar este poder.
Sí. Hay que tener presente que Cataluña ha sido siempre el banco de pruebas. Cada vez que se ha intentado lograr más poder político, los poderosos, que siempre han sido la derecha y la extrema derecha, han reaccionado con violencia. Esto lo han hecho durante todo el siglo XIX, cuando las constituciones, digamos progresistas, han intentado empezar a andar, y que solo han durado dos o tres años. Cuando en el siglo XX hubo una mayor, digamos, descentralización del Estado o el poder político catalán se empieza a manifestar, lo que pasa es que este poder violento reacciona… ¡Piensa que el golpe de Estado del 1981 no triunfa en su dimensión violenta, pero triunfa en su dimensión judicial!
¿Qué quiere decir?
El día siguiente se publicó una sentencia en el Tribunal Constitucional que contiene la frase «autonomía no es soberanía». Una sentencia que se publica justo el día siguiente, precisamente cuando se celebra aquella reunión del rey con los líderes políticos españoles, y después hay todo el despliegue del grupo de profesores de derecho administrativo que acaban redactando la LOAPA. Todo esto hace que llegue un momento en el que el poder judicial se transforma en el poder realmente subversivo, que es intentar tergiversar la ley a través de sus sentencias. Es decir, las sentencias del Tribunal Supremo son la expresión escrita del triunfo del golpe de Estado.
