La Audiencia de Barcelona ha emitido otro serio aviso al titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona que investiga varias querellas por el uso de Pegasus contra miembros de la biosfera independentista. En este caso, se trata de las querellas presentadas por los diputados y exdiputados de la CUP David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. El juez admitió parcialmente a trámite la querella y denegó la mayoría de las diligencias de investigación que habían requerido los cupaires. Una decisión que la defensa de los abogados, dirigida por el letrado Benet Salellas, recurrió, pero curiosamente no se le admitió el recurso. Ahora la Audiencia hace rectificar al juez y lo obliga a aceptar el recurso.
Esta resolución de la Audiencia ya es la tercera en el mismo sentido de las últimas semanas. Por un lado, con el caso de Diana Riba, la eurodiputada de ERC que sirvió a los magistrados para fundamentar que el juez tenía la obligación de citar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. La semana pasada, y en la misma línea, la Audiencia obligó también a tramitar las diligencias pedidas por el exvicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Esta tercera resolución es, para las fuentes jurídicas consultadas, un reproche de la magistratura por la lentitud de la instrucción por parte del juzgado 32.
Trabas procesales
La querella de Botran, como al de Fernàndez y la de Riera, fue a parar por acumulación de la causa al juzgado que había admitido la primera querella por Pegasus, interpuesta por la entonces presidente del Parlamento, Roger Torrent, y por el diputado y jefe de filas de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall. La querella de los cupaires fue solo admitida parcialmente y el juez rechazó practicar las diligencias de investigación reclamadas por los diputados espiados. De hecho, el instructor pedía que antes de que nada, los denunciados entregaran sus terminales móviles.
Ante la negativa a tramitar las diligencias, Salellas interpuso un recurso. Pero el juez se negó a tramitar ni siquiera el mismo recurso de apelación. Una maniobra del juez para intentar impedir que la Audiencia, como instancia superior, se pronunciara sobre las diligencias de investigación pedidas, como por ejemplo requerimientos o comisiones rogatorias a las empresas fabricantes y distribuidoras de Pegasus. Ante la acción, la reacción del letrado fue interponer un recurso de queja a la Audiencia, advirtiendo que quería interponer un recurso de apelación, pero que el juez instructor no lo permitía, “indebidamente”. Casi seis meses después, la Audiencia ha resuelto a favor de la tesis de Salellas y reconoce el derecho de sus representados a la tramitación del recurso. Por lo tanto, ahora la Audiencia podrá analizar los recursos que plantean las partes. La decisión de la Audiencia, a la cual ha tenido acceso El Món, se lee como un serio tirón de orejas al juez instructor, al cual ordena que haga el favor de tramitar los recursos de las partes y las diligencias que piden.
