Continúa la dura batalla entre la defensa de Santos Cerdán contra el magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y la multitud de acusaciones populares que actúan con un evidente sesgo político. El último escrito de los abogados del ex número 3 del PSOE, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, es una enmienda a la totalidad de la instrucción que se ha hecho hasta ahora, y reclama aclarar el origen de la investigación como de los audios, la relación entre el inicio del caso y la «súbita declaración» del empresario Víctor de Aldama, así como si se están llevando a cabo investigaciones de más aforados sin pedir el obligado suplicatorio. Pero sobre todo, exige aclarar la conexión de Koldo y Aldama con la Guardia Civil y el origen de los audios, que constituyen la base del caso.
En concreto, es un trabajado recurso de apelación registrado este miércoles por la defensa, con el que piden a la sala penal del Tribunal Supremo que revoque un auto del instructor con el que deniega todas las diligencias de investigación solicitadas por la defensa. El recurso, de 19 páginas y al que ha tenido acceso El Món, pide a los magistrados que les permitan tener la instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, causa matriz de la investigación contra Cerdán, y más después de que el juez abriera una pieza separada del caso.
De hecho, esta nueva pieza volvería a poner en el debate, para la defensa, la necesidad de pedir un suplicatorio porque demuestra que es un caso diferente, pero relacionado, con la causa madre de la Audiencia Nacional. En este sentido, recuerdan que se ha investigado a un diputado sin haber pedido el suplicatorio y que, ahora mismo, posiblemente la Guardia Civil, está investigando a otros a raíz de las desencriptaciones de los dispositivos de comunicación. Un hecho que califican de «vicio procesal» que podría conllevar no solo la nulidad de las actuaciones sino una virtual querella por un delito contra la división de poderes.
«La larga mano»
El recurso destaca que por «decisión unilateral de la Guardia Civil» se han eliminado de la causa algunas grabaciones, sin que se haya consultado ni al juez o al ministerio fiscal. Una decisión que extraña a las defensas que advierten de la escasa legalidad de la medida. Un detalle que ayuda a formar el concepto, con el entendido de que según los abogados, «hace crecer la posibilidad de que Koldo García actuara consciente o inconscientemente como larga mano de la misma Guardia Civil en la posible obtención de audios a los que se aferra la hipótesis acusatoria para persistir con la investigación sin ningún resultado material hasta hoy día después de 9 meses de investigación».
En este sentido, los abogados remarcan que «la ocultación explícita de una parte de la información de manera unilateral por la Guardia Civil refuerza la tesis de la defensa» en la sospecha de uso de «programas espía como Pegasus», «la integridad de los audios» o la «posibilidad de que Koldo fuera un agente encubierto». De ahí que la defensa suplique a la sala penal de apelaciones que le entregue la integridad de las actuaciones, incluso, las investigaciones donde se encuentran imputados guardias civiles que colaboraban con Koldo, todos miembros del poderoso servicio de información del instituto armado.
¿Cómo destruir pruebas?
Por otra parte, el recurso incide en la celeridad de las diligencias para excarcelar rápidamente a Cerdán. En este sentido, subrayan que en ninguno de los autos ni en ninguno de los atestados aparecen los dineros o el patrimonio obtenido por Cerdán a raíz de supuestamente cobrar comisiones por licitaciones públicas. Por eso piden, entre otras cosas, que se incorporen los «documentos primarios» y cualquier documento nuevo que obtenga la Unidad Central Operativa, para poder ser contrastado con la defensa y poder reducir el famoso riesgo de destrucción de pruebas y facilitaría su salida de la cárcel. En resumen, que se entregue toda la documentación que se encuentre dispersa en las causas de la Audiencia Nacional, que pueda ser contrastada por la defensa y así poder desmontar la tesis de que hay riesgo de destrucción de pruebas.
