A diez minutos para llegar a las dos de la tarde se pronunció la frase que siempre cierra una de las escenificaciones del poder: “Visto para sentencia”. La pronunció el magistrado José Ricardo de Prada, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado a los Pujol Ferrusola, así como a varios empresarios. Han sido 40 días de juicio tras 14 años de instrucción. Por la vista han pasado 200 testigos, y el sumario tenía 90 tomos y 70,000 folios. Una larga, intensa e interesante vista oral donde se han vivido episodios de todo tipo y que, sobre todo, ha sido un recital de derecho por parte de unas defensas que han convertido el juicio en un verdadero Vietnam jurídico para la acusación, conformada por el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado.
Unas acusaciones que parecía que entraran a la sala de vistas con la convicción de que el campo y los árbitros eran de los suyos y que, si querían, podían pinchar el balón. Aunque el balón fuera la cobertura delicadísima de los principios que sostienen el estado de derecho, como la presunción de inocencia, el principio acusatorio y la prueba. La síntesis del juicio se ha visto en las tres últimas jornadas con la presentación de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas. Ha sido el resumen perfecto -un reel, en términos contemporáneos- de lo que ha sido la causa general contra los Pujol y su entorno. Las acusaciones han revestido el caso de una pátina política que las defensas han querido dejar al margen, porque la estrategia implicaba dar por descontado este contexto y proponer una ofensiva profesional y técnica. Es decir, hacer un juicio donde se practica prueba y, en lugar de tener que demostrar la inocencia de los acusados, las acusaciones demuestren la culpabilidad.
El fiscal Fernando Bermejo ha sido el paradigma de convertir la vista oral en un juicio político, contraponiendo los supuestos delitos de los Pujol Ferrusola con el eslogan “España nos roba” y otorgando, insensatamente, una importancia crucial a testimonios fake como el de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado del caso. Una situación compartida por la Abogacía del Estado, que se ha hartado de avisar que representaban a la Agencia Tributaria cuando el testigo que había en el estrado era un tendero catalán. Un detalle que obviaban con testigos españoles o sudamericanos o policiales. De la misma manera que cuando se referían a algún Pujol añadían que se referían a los “Pujol de Cataluña”, como si la familia del expresidente fuera la única que llevara este apellido o como si fuera una especie de estirpe hereditaria ilegítima del poder que emergía como una divinidad espiritual desde Tortosa a Puigcerdà. Tampoco se les puede culpar, porque el Estado que dicen representar tiene un sistema monárquico y su hasta hace poco máximo representante vive fugitivo en una monarquía de pacotilla del Próximo Oriente por graves problemas con el fisco español.
Una intencionalidad política evidente
La estrategia de las defensas ha sido una demostración de oficio y veteranía. De hecho, todas daban por descontado la intencionalidad política del caso y sabían perfectamente que el alma de la causa se sostenía en la idea de que el presidente Jordi Pujol era una especie de dalái-lama del Proceso. Una utilización precisa de la audiencia previa permitió a las defensas enmarcar el escenario de fondo. El origen perverso de la causa, con una declaración de Victoria Álvarez, la imagen de las cuentas de los Pujol en Andorra publicada por El Mundo, las triquiñuelas de la policía patriótica y la posterior confesión del presidente –un documento que se debe valorar porque evitó su detención–, un combinado difícil de soportar en un sistema de garantías y en el que se supone que la obtención de la prueba se hace con métodos lícitos.
Este fue el recibidor de la vista, hasta el punto que se acordó definir como “origen político del caso” y, de rebote, se aceptaron varios testimonios de la policía patriótica y así como el de los dueños y directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero, que admitieron desacomplejadamente las presiones que habían recibido de elementos de la cúpula del Ministerio del Interior. Además, las defensas tenían en su trinchera un gran Berta, el gran cañón alemán de la Gran Guerra que destruía con una fuerza inconmensurable los fuertes belgas y franceses. En concreto, tenían la única sentencia condenatoria de la operación Cataluña. La condena –confirmada con cierto entusiasmo por el Tribunal Supremo– al número uno del Cuerpo Nacional de Policía, el director adjunto operativo, durante los años de plomo de la lucha clandestina contra el Proceso, Eugenio Pino.
Pino fue condenado por intentar colar dentro de la instrucción el famoso pendrive de los Pujol. Un lápiz de memoria que el mismo juez instructor, José de la Mata –que no ha mostrado mucha finezza a lo largo de la instrucción y ahora tiene un destino de oro como vicepresidente de Eurojust– expurgó de la causa al ver que era más tóxico que un caramelo de Chernóbil. El caso es el certificado ISO de las maniobras de la policía patriótica contra los Pujol Ferrusola, hasta el punto que el inspector de la UDEF Álvaro Ibáñez, con tip 89140, instructor policial del caso, permaneció imputado hasta la apertura del juicio oral. Le ayudó, curiosamente, el jefe de la sección penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, posterior portavoz de Ciudadanos en el Congreso de Diputados y candidato de la formación de Albert Rivera a presidir la Comunidad de Madrid. Pino y la mayoría de los testigos de la policía patriótica que pasaron por el estrado del juicio contra los Pujol ahora se sientan en el banco de los acusados de la sala de vistas del lado por el escándalo de la operación Kitchen. Curiosa coincidencia.
Defensa técnica
Insistir en el hecho de que el caso Pujol es una causa política, para las defensas, no era necesario. Sabían perfectamente que era como el Alien, el octavo pasajero. Todo el mundo conoce su presencia, su contexto, su indiscutible influencia. Pero los abogados defensores han preferido optar por una estrategia muy hábil. De hecho, todos sabían que un juicio político, por definición, se basa en una acusación que fuerza los hechos y el derecho, o bien que construye una especulación con hechos falsos o simples sospechas, opiniones, conjeturas o disquisiciones. Y aquí han encontrado la grieta. Es decir, cómo acreditaba el ministerio fiscal y la abogacía del Estado los delitos de los que acusaba, especialmente del delito estrella, el delito de blanqueo. Un delito complejo que implica la acreditación de un delito fuente, un delito antecedente que genere el dinero y el incremento patrimonial que luego es objeto de blanqueo.
Los abogados con más horas de vuelo que el avión del Tibidabo han afilado el lápiz y han retado a las acusaciones en el terreno de la prueba. La prueba, afortunadamente, es una de las claves de bóveda del estado de derecho. La tesis de los acusadores es que el dinero de los Pujol Ferrusola en Andorra provenía de un festival de comisiones por adjudicaciones con la administración catalana al amparo de un poder omnipresente de los Pujol y CDC. Como si la formación que gobernó la Generalitat de Catalunya -como si no hubiera más administraciones en el Principado- fuera una especie de PRI mexicano que hacía y deshacía en instituciones dominadas desde el cretácico del PSC o por ICV o posteriormente por el Tripartito. Añadían a esta teoría que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola por los que cobraba eran simulados.
Ninguna. Y ninguna significa ninguna. Ha sido el número de adjudicaciones que en terminología jurídica empleada por el audaz Cristóbal Martell, el defensor de Jordi Pujol Ferrusola, se ha demostrado “bastardada”. Ninguna adjudicación pública se ha podido relacionar con el dinero que había en Andorra. De hecho, las acusaciones han puesto el ojo en los “pelotazos” que, alguna vez, podía dar el primogénito de Jordi Pujol, y como ha definido el letrado Carles Monguilod, con reticencia gerundense, los “pelotazos no tienen relevancia penal, tal vez en Cuba, China o Corea del Norte, pero en España, no”. Las defensas han dejado claro y lo han hecho con un recital que no ha habido ninguna prueba que conecte comisiones con el dinero de Andorra. Además, han podido acreditar con solvencia que su participación en los negocios era cierta o verosímil, como un comisionista a éxito o de corretaje, con una hiperactividad comercial que sorprende, sobre todo, a las acusaciones, que no se puede olvidar, que al fin y al cabo, son funcionarios.
El delito antecedente
Esta falta de prueba es importantísima. Si no hay delito precedente de corrupción tampoco puede haber blanqueo. Además, las defensas han construido el relato alternativo con perspicacia y verosimilitud. El dinero de Andorra originalmente provenía de la herencia de Florenci Pujol, padre del expresidente. Un hombre que, incluso, el franquismo condenó por evasión fiscal, financiador de estraperlistas, cambista, agente de bolsa y un traficante de divisas en la autarquía franquista. Un hombre que aterrorizado por las veleidades políticas de su hijo quiso dejar un colchón para sus nietos fuera de los ojos del poder español por si iban mal dadas y Jordi Pujol volvía a la cárcel o era condenado al exilio. De hecho, nariz al abuelo Florenci no le faltó porque el 23 de febrero de 1981, poco después de legar la herencia, un teniente coronel entraba disparando al Congreso de Diputados. Lo que se ha llamado por parte del letrado Pau Ferrer de prueba periférica ha servido para fortalecer la verosimilitud de la herencia del abuelo como el origen del dinero.
Como la corrupción no se ha acreditado y, además, de manera evidente, las acusaciones han hurgado en el delito fiscal. Otro punto donde las defensas parecían Tirant lo Blanc luchando contra los cuatro caballeros frente al rey de Inglaterra. ¿Es posible que el delito fiscal sea un delito precedente de blanqueo? La doctrina no ha sido pacífica hasta hace relativamente poco. Hay que recordar que el delito de blanqueo está pensado para penar las conductas de introducir dinero en el circuito legal que provenían de delitos como el tráfico de drogas, armas, personas o crimen organizado. Es decir, delitos que suponían un incremento patrimonial por la naturaleza de su actividad.
Una diferencia enorme con el delito fiscal que no supone ningún incremento de patrimonio por su actividad. Por eso, el Tribunal Supremo ha definido de manera concisa cuándo el dinero que procede de la evasión fiscal puede ser objeto de blanqueo. Y una de las condiciones sine quan non es que se haya podido calcular la cuota defraudada o escondida. Un dato que no se ha podido obtener por dos motivos, principalmente, el dinero se acabó declarando hasta el punto que se pagaron actas de conformidad de cantidades astronómicas y, además, han tenido una trazabilidad clarísima. De hecho, el debate de la agencia tributaria en las inspecciones de la actividad del primogénito es que tributaba por impuesto de sociedades y no por renta. Pero los ingresos se declararon, tributaron y se complementaron.
Otro pendrive
A todo esto hay que añadir dos elementos que aún oscurecen más la acusación. En primer término, otro pendrive que ha ido apareciendo a lo largo del juicio. Un lápiz de memoria que se ha bautizado como la ciática. Es decir, ese dolor que mientras no se mueve el cuerpo no duele, pero cuando lo remueves ves las estrellas. Por eso, los abogados defensores lo han dosificado con medida y, cuando convenía, con un punto de mala leche. Es el dispositivo de memoria que la UDEF confiscó en el despacho de Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal del expresidente Pujol. Un pen que contenía más información que la concretada en la resolución judicial que autorizaba la entrada y registro. Sánchez Carreté, zorro viejo, hizo poner en el acta del registro y decomiso que se llevaban información ajena a la que había pedido el juez. Una información que luego se ha utilizado para las acusaciones de los que habían hecho negocios con Jordi Pujol Ferrusola.
En este entramado de extraño tráfico y depósito de información hay que sumar la ingente cantidad de información que provino de Andorra a través de la Comisión Rogatoria Internacional. El uso que se ha hecho de esta información ha devenido un abuso de derecho porque la justicia andorrana dejaba bien claro que los datos remitidos solo se podían utilizar para un delito de blanqueo de dinero que provinieran de la corrupción y no del delito fiscal. Básicamente porque en Andorra, el delito fiscal no era delito. Al contrario, un grueso muy importante de su PIB provenía de los depósitos que procedían de la evasión fiscal. Aunque la leyenda ha hecho creer que el Principado se enriqueció gracias al chocolate, el queso de bola, el tabaco y los sacos de azúcar de cinco kilos.
Precisamente, Andorra ha llevado a un protagonismo involuntario de Victoria Álvarez, con una metedura de pata del fiscal que fue aprovechada por Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol. Bermejo afirmó en el informe final que “todas” las defensas querían el testimonio de la examante de Jordi Pujol Ferrusola pero que renunciaron a él, a pesar de la importancia que tenía para el inicio del caso. Campaner lo puso firme. Replicó que solo la había pedido una defensa y, en todo caso, si era tan importante para el caso… ¿por qué no la citaba la fiscalía? Posiblemente no le convenía que explicara sus encuentros con el comisario José Manuel Villarejo y los pagos que recibió a cuenta de los fondos reservados.
La otra herencia
De todos modos, las defensas han sido indulgentes con las acusaciones. Todo porque casualmente todos los acusadores en sala no escribieron ni una coma de los escritos de calificación. El fiscal Fernando Bermejo ha tenido que asumir un escrito formulado por Belén Suárez, promocionada al Tribunal Supremo. Y los abogados del Estado, Ignacio Ocio y Álvaro Bazal Bonelli, han heredado el escrito de Rosa Seoane, jefa de la sección penal de los letrados de la Moncloa. Para hacer memoria, Seoane fue la arquitecta de la acusación de sedición por la cual fueron condenados, finalmente, los líderes del Proceso. De hecho, Ocio y Bazal han corroborado la tesis de Thomas Hobbes y su Leviathan, donde el estado se aleja de ser el garante de los derechos y se perfila más como un voraz aparato represor. Como resumió con una elegantísima ironía, Cristóbal Martell, ustedes también han recibido una “herencia”.
La herencia no acaba aquí. La sensación es que el mes de noviembre comenzaba un juicio que la sentencia podía parecer prescrita. La condescendencia que el presidente del tribunal ha tenido en contadas ocasiones con las acusaciones también se ha visto contrarrestada por toques de atención cuando se pasaban de la raya. O bien cuando la ponente de la futura sentencia -se espera en julio- pedía al presidente del tribunal que permitiera preguntas a las defensas son elementos. O la demostración a lo largo de 40 jornadas de que el derecho es un instrumento excelente de civilización y que, puesto en manos de profesionales perspicaces, es una herramienta que protege de inercias como aquel “a por ellos” del 2017. Ahora todo queda en manos de tres magistrados que deberán decidir entre absolver o condenar haciendo un extravagante ejercicio de interpretación del derecho y de los hechos. En cualquier caso, todos esperan que, en la sentencia, derecho y justicia vayan de la mano. Sería una buena “herencia”.
