Este lunes terminaron las declaraciones de más de cincuenta imputados, entre personas físicas y jurídicas, en el caso Mito. Una macrocausa que se juzga en la Audiencia Nacional por narcotráfico, narcotransporte y blanqueo de la presunta trama que dirigiría José Ramon Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Un caso en el que en su derivada por blanqueo está procesado el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
Una vez finalizadas las declaraciones, el fiscal del caso Ángel Bodoque, elevó a definitivas sus conclusiones. Es decir, no cambió en nada sus peticiones de pena que llegan a 31 años de prisión para Miñanco y 9 años para Boye. Con las conclusiones presentadas, las defensas han elevado también las suyas, muchas por escrito, para aclarar bien los cambios y las modificaciones. De hecho, la mayoría reclaman la absolución y peticiones de nulidad de actuaciones por violación de derechos durante la instrucción como las grabaciones o la ruptura de la cadena de custodia.
Boye reclama la nulidad
Por parte de la defensa de Gonzalo Boye, en manos de Eduardo García, ha modificado sus conclusiones para solicitar la nulidad de las actuaciones respecto de la pieza reservada número 7 -teléfono y correo de Gonzalo Boye-. El argumento básico es que durante la vista oral ha quedado acreditado que durante la entrada y el registro de su despacho profesional le fueron confiscados documentos de su estrategia de defensa. En concreto, el papel a doble columna, con los hechos que rebatían las acusaciones del testigo de cargo de la fiscalía, Manuel Puentes Saavedra. Por lo tanto, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales.
Una vez elevadas las conclusiones ha comenzado la lectura de los informes por parte de la fiscalía con Cristina López Amat y Ángel Bodoque, que han negado los motivos de nulidad por violación de derechos. De hecho, el ministerio público ha negado que las escuchas y las grabaciones no eran prospectivas. Además, ha justificado su uso argumentando que en la «sociedad en la que vivimos no puede permitirse que el derecho a la intimidad sirva de parapeto para la impunidad de conductas delictivas tan graves a las que aquí estamos denunciando».
