Una Laura Borràs visiblemente indignada ha querido aprovechar el turno de última palabra en la última jornada del juicio por prevaricación y falsedad documental que se ha alargado durante ocho sesiones. Borràs ha lamentado ser víctima de la «pena del telediario» y ha negado haber cometido ningún delito. De hecho, ha argüido que está sentada al banquillo de los acusados como miembro de un «grupo objetivamente identificable», como recogió la sentencia sobre las prejudiciales del Tribunal Supremo sobre el exilio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Me han trinchado, me han criminalizado, me han caricaturizado y me han presentado como una corrupta», ha descrito para definir los años que se ha sostenido la acusación que ha definido como una víctima política.

Borràs también ha contrapuesto su posición en comparación a la de los otros dos acusados que han pactado con la fiscalía una rebaja de penas da cambio del reconocimiento de los hechos. «Yo he optado para pactar con la verdad», ha asegurado. La presidenta suspensa del Parlamento ha afirmado que en ningún caso ha fraccionado nada. «Son 18 contratos menores por trabajos diferentes, años diferentes y temas diferentes», ha señalado y ha contextualizado los 18 contratos en los 4.000 que se adjudicaron durante su mandato a la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Una jornada marcada por los pactos y por los informes finales de las partes.

Barrientos interrumpe dos veces

Durante el turno de la última palabra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y poniente de su sentencia, Jesús Maria Barrientos, lo ha interrumpido dos veces con la exprés protesta de sus abogados. Una primera porque Barrientos entendía que Borràs repetía los argumentos de la defensa fáctica de sus letrados y, en segundo lugar, porque «se alejaba de los términos del proceso judicial». Borràs no ha aflojado y, como era previsible, ha enfatizado el carácter político de su discurso. «Es un juicio de intenciones, de malas intenciones», ha criticado.

En este contexto ha defendido su tarea de modernización de la ILC y se ha vantat como su directora de haber recorrido «la nación entera» y la «comunidad literaria lo puede confirmar». «El que he hecho es permitido», ha remarcado. Siguiendo este hilo ha lamentado que hayan quedado muchas preguntas para responder como por ejemplo la desaparición del portal web una vez confiscaron los discos duros con los archivos de Isaías Herrero, el informático coacusat que ha pactado con la fiscalía. Un hecho que para Borràs no tenía otra intención de colgarle el sambenito de «corrupto». En esta línea y en el tramo final de su alocución ha señalado al tribunal que «ya le ha dictado sentencia los políticos antes de que ustedes, jueces, lo hagan». «Me apartaron unos políticos haciendo de jueces», ha rematado. Una clara referencia a ser apartada de la presidencia del Parlamento.

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