«Ya ha entrado en vigor la ley de amnistía. Una ley más. Cómo todas, de obligado cumplimiento». Este es el inicio de un durísimo y desacomplejado comunicado de Ágora Judicial, una asociación de jueces y magistrados muy crítica con los desvíos en el ejercicio de la judicatura en las causas del Procés y especialmente beligerante con los abusos del poder judicial. En el texto, al cual ha tenido acceso El Món, los miembros de Ágora Judicial reivindican la legalidad de una ley de amnistía que a pesar de tildar «de excepcional» recuerdan que hay antecedentes como por ejemplo «el mismo origen de la Constitución».
El comunicado reclama a los integrantes del Poder Judicial que cumplan la ley y lo apliquen con imparcialidad. En este sentido, remarca que las funciones otorgadas a los jueces están limitadas por el artículo 117 de la Constitución donde determina que «la justicia emana del pueblo y se ejerce por jueces independientes, inamovibles y responsables, sometidos al imperio de la ley». «Un sometimiento que, en este caso, se ve manifiestamente obviado por este tipo de posturas, manifestaciones e informes», indica Ágora Judicial pocas horas después de entrar en vigor la ley de amnistía.
Las dudas de la opinión pública
Los integrantes de Ágora Judicial avisan que «el solo hecho de que la opinión pública dude de si los jueces aplicarán la ley de amnistía es un síntoma claro del déficit democrático que planea sobre el Estado español». Siguiendo este hilo, recuerdan que la ley tiene una «causa directa en sorprendentes actuaciones policiales y judiciales difícilmente compatibles con el principio de legalidad, proporcionalidad y de previsibilidad en la aplicación de la norma». «En Ágora Judicial nos sorprende y preocupa la que ha sido, hasta el momento, la acogida judicial mayoritaria de esta ley, incluso cuando ni siquiera era una proposición de ley con un texto concreto», remarca la entidad judicial.
Con esta premisa, los jueces y magistrados de Ágora consideran que «las manifestaciones contra la ley de amnistía a la vía pública de jueces vistiendo la toga son impropias del Poder Judicial y un insulto radical a la separación de poderes en un estado democrático». También tildan de «grave anomalía» que, incluso antes de entrar en vigor la norma, «se elabore entre juristas -incluidos jueces- un documento de modelo para plantear futuras cuestiones, difundido, además, por canales oficiales del CGPJ». Un hecho que, a parecer de Ágora, «no solo denota una actitud y predisposición en contra de la norma, sino que podría condicionar al conjunto de jueces y magistrados a adoptar esta postura».
La crítica al que califican de «conducta impropia del poder judicial» lo extienden al ministerio fiscal. En este punto, recogen el informe de los fiscales del Procés y la referencia que hacen al discurso político con que el presidente español rechazaba la amnistía y después la negociaba. «Una inédita confusión entre argumentación jurídica y política, incurriendo a la vez en una clara infracción de la prohibición de dirigir críticas a los otros poderes públicos, en este caso el ejecutivo», razona Ágora Judicial.
La paradoja de la separación de poderes
Uno de los puntos que más destaca el comunicado de Ágora Judicial es la «gran paradoja» que supone el hecho de que el «posicionamiento contra la amnistía de la mayor parte de la judicatura dice hacerse en defensa de la separación de poderes cuando constituye, de hecho, en sí mismo, un claro y gravísimo ataque a esta misma separación de poderes». En este contexto, recuerdan que el poder judicial está sometido a la ley y, por lo tanto, sujeto al cumplimiento estricto de la ley, según las normas de competencia y procedimiento que establece la misma ley, que tiene en exclusiva el poder legislativo.
«Desde Ágora Judicial hacemos, en definitiva, un llamamiento al Poder Judicial español para se comporte como tal, para que actúe realmente como tercero imparcial y deje de considerarse parte perjudicada o víctima, y vuelva, ahora ya sí, al terreno de la legalidad y de la separación de poderes, de donde nunca se tendría que haber alejado», cierra el comunicado.
