El presidente Pere Aragonès ha acusado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje del cual ha estado víctima con el software Pegasus. Así lo ha hecho saber al titular del Juzgado de Instrucción número 29 en la su declaración y ratificación de la querella que el presidente presentó cuando Citizen Lab detectó las intromisiones en su móvil. La comparecencia judicial se ha alargado más de una hora, y también ha participado el ministerio fiscal pero no la abogacía del Estado -que lleva la defensa de la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
Fuentes del caso aseguran que Aragonés ha detallado que las infecciones detectadas -técnicamente denominados «intentos de compromiso«- fueron cuatro. Todas registradas entre julio de 2018 y marzo de 2020. De hecho, son intentos de infección que coinciden en las negociaciones de la configuración del Gobierno de presidente Quim Torra del que era vicepresidente para la constitución de la tabla de diálogo y la segunda investidura de Sánchez. El juez ha querido saber si cuando se registraron estas infecciones qué tipos de información tenía en su dispositivo. Aragonés, asistido por el abogado Andreu Van den Eynde, ha concretado que tenía «cosas personales, pero sobre todo políticas, más allá de las conversaciones que se podrían haber espiado».

A la espera de la prueba documental
La declaración de Aragonés se ha celebrado mientras todavía se está pendiente que sean librados los documentos desclasificados del gobierno español sobre la actuación del CNI con Pegasus y, por otro lado, la interlocutoria del magistrado del Tribunal Supremo que habría permitido el espionaje. La defensa del presidente apunta en su escrito de querella que «no se puede investigar sin motivo legal» que es el que entienden que habría pasado en este caso. Aragonés ha explicado que las intromisiones detectadas por Citizen Lab fueron a través de SMS, pero una cuarta infección fue descubierta por peritos informáticos que analizaron el dispositivo móvil.
Tampoco ha podido saber explicar el alcance de la infección porque saber las intromisiones solo es la fotografía del ladrón entrante en la casa, pero sin poder saber qué archivos, documentos, datos o fotografías ha podido tomar prestado. «El objetivo es que se sepa toda la verdad del espionaje y para que nunca más ningún ciudadano de Cataluña, ni ningún miembro de su Gobierno sea espiado por motivo de su ideología política», ha afirmado Aragonés al salir de la declaración. Así mismo, ha defendido que «es una obligación moral levantar el secreto». Paz Esteban tiene previsto declarar a finales de enero.