Un exhaustivo estudio de Amnistía Internacional concluye que la Fiscalía obstaculiza las investigaciones sobre el espionaje con programas como Pegasus o Candiru. La ONG ha presentado esta mañana, desde la sede del Colegio de Periodistas en Barcelona, el análisis sobre cómo la justicia ha abordado el Catalangate, es decir, la ofensiva general y generosa para espiar activistas, periodistas, políticos y abogados relacionados con el Procés. En concreto, son diez causas que se encuentran activas en diferentes juzgados de Barcelona desde hace seis años, que abarcan espionajes a los presidentes de la Generalitat, como Pere Aragonès o Quim Torra o el presidente del Parlament, Roger Torrent. El estudio razona que la decena de causas están marcadas por la «inacción, la obstrucción de las investigaciones y la revictimización de las personas espiadas.
En concreto, el estudio critica el papel de la Fiscalía General del Estado en estas investigaciones judiciales, a pesar de que el mismo Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha admitido haber espiado al menos a 18 personas, con programas espía desarrollados por la empresa NSO. En este sentido, el estudio reclama que el ministerio público se ponga del lado de la víctima, y que «abandone su rol de defensor del Estado y, a veces, de la misma empresa NSO». De ahí que defienda la «práctica de diligencias que sean necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos, como las personas responsables del espionaje».
Para una de las cuatro investigadoras del informe, Virgina Álvarez, calificada de «triste y clara» la situación que las víctimas «aún no saben ni cómo ni por qué las espiaron». Para el estudio, «las víctimas del espionaje llevan seis años sometidas a un ciclo sin fin de obstáculos para la obtención de amparo y auxilio en la investigación de los hechos por parte del ministerio fiscal». El informe presenta un conjunto de actuaciones de la fiscalía destinadas a ralentizar o detener las investigaciones judiciales dejando desprotegidas a las víctimas y la defensa de sus derechos. Además de Álvarez, han participado en la presentación del informe, Adriana Ribas y Blanca Domínguez, analistas de Amnistía, y la periodista Txell Bonet, que fue víctima por su relación marital con el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Obstáculos
Amnistía Internacional, pues, remarca cómo el ministerio fiscal dificulta el progreso de las investigaciones, examinando caso por caso, cuál ha sido su posición, qué maniobras o cuál ha sido la estrategia. Así destaca cómo ha utilizado el trámite de la admisión de las querellas para frenar su avance con la oposición a las diligencias interesadas por las acusaciones. También enfatizan las «dilaciones a raíz de valorar las peticiones de práctica de diligencias que van en sentido contrario al cumplimiento de los estándares para una investigación rápida, imparcial y efectiva».
Entre los obstáculos con los que se han encontrado algunas víctimas Amnistía cuenta las dificultades para la investigación de la responsabilidad, tanto del CNI como de NSO Group, y/o sus directivos en el espionaje. Por eso, las víctimas han tenido que pedir la emisión de comisiones rogatorias u órdenes europeas de investigación, es decir, pedir a jueces ayuda internacional. «La ausencia de respuesta por las autoridades de otros países, en algunos casos por la falta de debida diligencia por parte de las autoridades en España, al no corregir, por ejemplo, errores en su petición, ha provocado la solicitud del archivo o sobreseimiento de la causa en el Estado español», destaca el estudio.
En esta línea, Amnistía resalta que no es motivo para detener una instrucción esperar eternamente la respuesta de las comisiones rogatorias y más, cuando se están solicitando otras diligencias de investigación que son «útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos». Además, acusan a la fiscalía de evitar dar impulso a las comisiones rogatorias y las órdenes europeas de suspensión o bien, de revictimizar a los espiados pidiendo los teléfonos que habrían sido objeto de la intromisión para que los analice la policía, cuando han denunciado que, precisamente, habrían sido servicios de seguridad del Estado los responsables del espionaje.
Las peticiones
El informe también sirve para argumentar las peticiones a la fiscalía así como a las autoridades. De entrada, Amnistía propone a la Fiscalía que investigue el ciberespionaje del Catalangate como una «operación de espionaje masivo» y no como «episodios aislados». A continuación, que promueva una investigación que «esclarezca el funcionamiento concreto de Pegasus y las violaciones de derechos humanos que por sus características puede cometer». Además, reclaman que sea proactiva con las diligencias de investigación y le exigen colaboración con las víctimas.
Precisamente, Amnistía pide que la promoción de la investigación de Pegasus cuente con los poderes del Estado y el resto de instituciones, tanto estatales como europeas, como el Consejo de Europa. Por otra parte, impulsar una nueva legislación para proteger los derechos fundamentales que suponga la reforma de la ley del CNI y la de Secretos Oficiales, para ponerlas al día con los estándares internacionales en relación con la clasificación de información reservada. Y, en último término, la suspensión de el uso, compra, venta o transferencia de instrumentos de vigilancia e injerencia masiva«.
