«Le recomendamos amablemente que pregunte a otros organismos». Así despacha Arthur Beckand, director del departamento legal de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), la solicitud de información del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la causa del Tsunami Democrático. En concreto, una petición sobre los supuestos perjuicios causados por la protesta contra la sentencia del Procés al aeropuerto del Prat del 14 de octubre del 2019. Una información que el magistrado necesitaba para acabar de construir su acusación de terrorismo contra, entre otros, el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también exiliada.
El instructor reclamó información sobre los daños y efectos que había tenido la manifestación al aeropuerto para la seguridad europea y en el tráfico aéreo continental. EASA, en una carta de apenas tres páginas a la cual ha tenido acceso El Món, responde que «no hay constancia a disposición de la EASA que los hechos del 14/10/2019 al aeropuerto del Prat afectaran la explotación otros aeropuertos nacionales e internacionales». Así, añaden que no hay ningún hecho significativo notificado sobre la afectación de la red aeroportuaria.
Así mismo, la EASA se niega a dar información contenida al Repositorio Central Europeo sobre la ocupación del Prat porque es información «confidencial». En este sentido, añaden que no pueden dar información que sirva por «atribuir la culpa o responsabilidad a nadie», puesto que solo los datos que recogen solo se usan para evaluar riesgos de seguridad aérea y para la gestión de estos riesgos. Por lo tanto, no contesta a ninguna de las preguntas de la solicitud de información solicitada por el juez, el instructor García Castellón.
Las defensas ya lo advertían
El rechazo frontal a dar información al juez sobre como la Agencia evaluó los hechos del Prat no ha sorprendido las partes implicadas en el sumario. De hecho, en conversación con El Món, recuerdan que a las impugnaciones a las resoluciones del juez, donde exigía esta información, ya lo advertían que se dirigía a lugares equivocados. De hecho, la respuesta de tres páginas «sugiere amablemente» al juez que dirija sus peticiones a AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con sede a Madrid, e incluso le da el nombre del contacto, Héctor Pedroche. Por otro lado, también le recomienda que pruebe con Eurocontrol, que quizás tiene más suerte. También le da el nombre de un contacto, el jefe de la asesoría jurídica, Iacopo Prissinotti. El jefe legal de EASA se despide del juez avisándolo que si necesita alguna aclaración, no dude a pedirlo.
