El caso Defex ha tenido, de momento, una explosión controladísima. Una absolución providencial. La empresa semipública de armamento y seguridad, de la que es mayoritariamente propietaria la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ha sido absuelta de los delitos de soborno, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación y blanqueo de capitales. Una absolución gracias a que los hechos enjuiciados fueron anteriores a la reforma penal del 2015. De hecho, se trata de la primera pieza separada de una causa sobre sus actividades comerciales en diferentes estados. En este caso, la sección tercera de la Audiencia Nacional juzgaba el comportamiento de la empresa y otras de su entorno en Camerún. La justicia también investiga adjudicaciones irregulares en favor de esta empresa en países como Angola o Arabia Saudí.
En la sentencia, de 65 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, dictada el pasado 24 de febrero, los magistrados condenan al director comercial de la compañía a dos años de prisión, pero, en cambio, absuelven la empresa de las adjudicaciones irregulares del gobierno del Camerún entre los años 2005 y 2013. La absolución de Defex, sin embargo, se basa en lo que se denomina una «suerte legal», es decir, que las conductas probadas en la sentencia y en el extenso sumario son anteriores a la reforma del Código Penal que el 2015 introdujo la responsabilidad penal en las sociedades mercantiles de carácter estatal.
A pesar de que el ministerio fiscal insistía que la empresa había delinquido, los magistrados creen que no puede haber malversación de fondos públicos porque los sobornos se pagaron a través de un banco privado o a través de subcontratistas que, incluso, pagaban operaciones de cirugía estética a las parejas de los líderes políticos cameruneses para obtener tratos de favor. El gobierno español ha renunciado a reconstruir una sociedad similar para evitar estos escándalos internacionales.
Defex, de punta de lanza a la liquidación
La historia de la empresa Defex, actualmente en liquidación, es remonta al franquismo. Se fundó como una sociedad mercantil estatal con el objetivo, según la sentencia, de devenir un «instrumento de política industrial para fomentar la exportación del sector de defensa nacional español». Defex se constituyó en 1972 y el Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2022 firmó su disolución. Su objeto social era la «promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas». El 51% de las acciones de Defex son de la SEPI, el 49% restante está en manos de empresas privadas de defensa españolas. Su consejo de administración estaba formado por representantes de los ministerios de Hacienda, Defensa, Asuntos Extranjeros y Economía y por consejeros delegados de las empresas privadas. Defex hacía de punta de lanza de la industria militar española y «detectaba oportunidades comerciales». En definitiva, era la comercializadora estatal del mercado de armas internacional.
Lentamente, la marca situó a España en la franja alta de las exportaciones de armas. Como llegó a ello ya es otra historia. Del1999 a 2013, Defex estableció relaciones comerciales con la República del Camerún para el suministro de bienes destinados a la defensa y la seguridad del país. Todo a través de enlaces de comissionistes y subcontratistas. En primer término, se trataba básicamente del suministro de vehículos militares, pero las ventas se fueron animando. De un contrato inicial de 1.085.437 euros, los importes fueron subiendo, hasta contratos de 10.698.954 euros. Pero en 2010, el panorama cambió.
La vigilancia costera
Fue el 18 de noviembre del 2010, cuando Defex S.A. subscribió con el ministerio de Defensa de la República del Camerún un contrato marco para implantar un Sistema Integrado de Vigilancia Costera, bautizado como proyecto PRE 174. Un proyecto que implicaba sofisticados sistemas de radar, control aéreo y vigilancia de la costa. Se ejecutaba en tres tramos que se elevaban a un total de 99.354.867 euros. Cada tramo lo gestionaba una empresa subcontratada: el tramo A, Deimos Space SL y Urovesa; el tramo B, Aresa Marino SL y el tramo C, Eads Construcciones Aeronáuticas. Camerún pagaba la compra con un crédito Supercari que financiaba el Deutsche Bank con el seguro de CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA. Las tres empresas también utilizaron tres comissionistas: Philippe Bourcier, KB Consultantes Ltd. y Rybosa S.A.R.L. Las tres firmas, conocidas empresas mediadoras de la compra de armamento a escala internacional. Solo con esta operación, Defex y las subcontratistas se repartieron un beneficio de 72.361.733 euros.
Pero el beneficio, según el sumario del caso y la prueba recogida en la sentencia, tenía muchas explicaciones y un protagonista más, el contraalmirante Pierre Njine, responsable camerunés de los contratos, y su equipo de funcionarios. Manuel Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete, el jefe comercial de Defex, y Óscar López i Salvadó, en nombre de la subcontratista Aresa Marino SL, pagaron gastos de favor a funcionarios que dirigía Njine o a sus parejas, para asegurarse su «buena voluntad y ayuda en el logro y mantenimiento de los contratos suscritos». En la lista regalos, viajes a Barcelona, estancias en hoteles, muebles e, incluso, operaciones de cirugía estética a la mujer del contraalmirante, Veronique Mbei, bautizadas como la operación
El calendario, gran aliado de Defex
La sentencia es muy benevolente con los protagonistas de la operación. Y más cuando, aparte de las operaciones en el Camerún, todavía falta aclarar lo que Defex hacía en Angola o en Arabia Saudí. Los magistrados de la sala han decidido condenar a Iglesias Sarriá, el director comercial de Defex, y a Oscar López, de Aresa, a dos años de prisión cada uno por un delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales, con el atenuante de dilaciones indebidas. Y han impuesto a la empresa el pago de una multa de 21.900 euros por el mismo delito. La sala, sin embargo, los ha absuelto de los delitos de falsedad documental, malversación y blanqueo de capitales.
Pero el tribunal decide absolver Defex por lo que se denomina una «suerte legal». Los magistrados consideran que los hechos se producen entre los años 2005 y el septiembre de 2014, justo antes de la entrada en vigor en 2015 de la reforma que introdujo «la extensión del régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales». De este modo, los magistrados, a pesar de que el ministerio fiscal está en contra de esta interpretación, evitan entrar a valorar si el comportamiento de Defex era delictivo a la vista de que en 2014 una empresa pública no tenía responsabilidades penales. Así que se conforman condenando por la mínima al director comercial. Ahora, la Audiencia Nacional tiene pendiente de juzgar a las mismas empresas por la venta de material policial a Angola y por once contratos de material militar en Arabia Saudí.
