El gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado los trámites para poner fin a la fundación Francisco Franco, en cumplimiento de la ley de memoria democrática. Este jueves, 20 de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado las actuaciones previas para la extinción de la entidad franquista. Es una medida anunciada que implicará que ahora el ministerio recopilará documentación sobre el incumplimiento de la ley por parte de la fundación y, finalmente, someterá la cuestión a la Justicia, que es quien tendrá la última palabra. Según Urtasun, se trata de aplicar de forma estricta una norma que no permite que existan organismos que enaltezcan el franquismo y la dictadura.
Urtasun ha anunciado este trámite en un mensaje que ha colgado en la red X, donde ha recordado que la ley de la memoria democrática establece que se pueden extinguir fundaciones cuando estas «no persigan finalidades de interés general o hagan actividades contrarias a este interés general». En este sentido, la ley considera «contraria al interés general la apología del franquismo, el enaltecimiento del golpe de Estado y de la dictadura o de sus dirigentes con desprecio y humillación a la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».
Como titular de @culturagob, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. pic.twitter.com/LFcUjjbLfK
— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) June 20, 2024
El procedimiento a seguir
En estos casos, según la ley, el protectorado de fundaciones puede instar judicialmente a la extinción de la fundación, y los jueces pueden acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, y adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia de esta suspensión de actividades, ha recogido la agencia ACN. Siguiendo este procedimiento, Urtasun ha apuntado que su ministerio «hace por primera vez este paso» e «inicia los trámites para instar judicialmente la extinción de la fundación Francisco Franco».
El ministerio de Cultura ha pedido un informe a la Secretaría de Memoria Democrática «sobre el posible incumplimiento de la ley de memoria democrática por parte de esta fundación». De este modo, según Urtasun, se abre un periodo de «recopilación de información» en el que también participarán las asociaciones de memoria.
Los jueces tendrán la última palabra
Una vez concluida la instrucción y con el informe previo del abogado del Estado –ha recordado Urtasun- «será responsabilidad de este ministerio instar a la Justicia a la extinción de la fundación», a pesar de que los jueces tendrán «la última palabra».
