Preguntar es bueno, saludable y absolutamente necesario. Sobre todo, para el poder legislativo, el Parlamento de Cataluña, que entre sus tres funciones principales se encuentra «controlar el poder ejecutivo». Las otras dos tareas son orientar la política del Gobierno y de su administración y, por supuesto, legislar. Preguntar al Gobierno desde un escaño de diputado, sin embargo, requiere un contexto y es centrarse en la calidad de la pregunta o no formular obviedades que pueden evidenciar la incompetencia, la negligencia o el escaso conocimiento de la materia por la cual se pregunta. En este último caso, la gravedad es mayor si la materia por la cual se reclaman respuestas son públicas, notorias o, como se afirmaría judicialmente, es de «público conocimiento».
Este es el caso de una pregunta formulada por parte del grupo parlamentario del PP en la cámara catalana, al departamento de Salud. Una cuestión presentada por la diputada Belén Pajares y que requería una respuesta por escrito del Gobierno del presidente Salvador Illa. Una pregunta «sobre las previsiones económicas del Departamento de Salud con relación al gasto farmacéutico para poder afrontar el incremento de usuarios de la sanidad pública a raíz del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros anunciado por el Gobierno del Estado». De hecho, a la pregunta se le veía el plumero de su intencionalidad, pero la burda formulación ha permitido a la consejera de Salud, Olga Pané y su delegado, el consejero de Presidencia Albert Dalmau, ofrecer una de las respuestas más interesantes de los últimos meses en el Parlamento de Cataluña.
«Ya son beneficiarios»
La respuesta del Gobierno, del pasado 20 de abril pero comunicada el 9 de junio, es clara: «Con la normativa vigente en Cataluña, todas las personas residentes tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servei Català de la Salut». «Así pues, el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que impulsa el Gobierno del Estado no supondrá un incremento del gasto, ya que las personas que pueden verse afectadas ya son beneficiarias del sistema de salud«, sentencia la consejera. Es decir, que es una regularización, no una llegada y, por tanto, los ciudadanos que ahora arreglan los papeles ya son beneficiarios del sistema de Salud universal que conserva Cataluña.
