La vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha definido este miércoles el acuerdo de «financiación singular» subscrito entre el PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat no supone «ni un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación». «Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno de Cataluña», ha añadido la ministra a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), desde donde también ha manifestado que la «solidaridad» es el «eje y núcleo» del acuerdo entre los socialistas catalanes y los republicanos.
La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado que el acuerdo se puede «denominar de todas las formas que cada cualquiera», pero sostiene que «ni es un concierto económico» como el que hay para el País Vasco y Navarra, «ni es una reforma al uso del modelo de financiación». Así, la vicepresidenta primera del ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido trasladar un mensaje de «absoluta seguridad y tranquilidad» al resto de comunidades autónomas porque «el que el Gobierno impulse para hacer viable esta aspiración más grande que tiene Cataluña y que tienen otras partes de España será bueno para el conjunto del Estado español y será muy bueno para Cataluña».
Así mismo, Montero ha dicho que durante los últimos días se han sentido «todo tipo de comentarios, de interpretaciones y de críticas» vinculados al acuerdo que ha permitido la investidura de Isla, pero ha asegurado que ninguno de estos «se aproxima a la realidad del que realmente se firmó». La dirigente socialista ha querido enfatizar que la «solidaridad» que se contempla en el acuerdo «es la que ha presidido todos los modelos de financiación autonómica». Es decir, el entendimiento «como la aportación de todos los territorios para asegurar la homologación de los servicios públicos vivan donde vivan los españoles». «Y cualquier que diga otra cosa o que intente atentar contra estos principios o acuse el Gobierno de España de atentar contra estos principios, miente», ha sentenciado.
Reprocha al PP la «confrontación» con Cataluña
Además, la vicepresidenta española ha reprochado al PP que haya hecho de la «confrontación» con Cataluña el eje de su política en todo el Estado español largo de todo el territorio», en vez de plantear una propuesta sobre como ayudar a «normalizar» las relaciones con Cataluña, ni “una propuesta alternativa de modelo de financiación”. Por eso, ha dejado claro que la existencia de una «financiación singular» para Cataluña «no supone ningún agravio con el resto de territorios, como no lo supone que exista para las Canarias o para las Baleares». «Todas las propuestas, cuando vienen de Cataluña, se relatan como si fueran un agravio» para el resto del Estado español, ha lamentado.
¿Qué dice exactamente el acuerdo entre PSC y ERC?
La letra de la acuerdo firmado entre PSC y ERC para investir Isla establece que hace falta impulsar «un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos». En este sentido, los dos partidos acordaron que la Generalitat, a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación con el Estado y la Unión Europea».
Así mismo, establece que la aportación catalana en las finanzas del Estado «integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad. La primera se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos y la segunda «se tiene que reflejar de manera transparente». En este sentido, deja claro que la Generalitat «tiene que contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan lograr niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». «Esta solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalidad», concluye.
