Nueva entrega de la utilización de la Eurocámara para perjudicar el independentismo por parte del Partido Popular. Después de conseguir montar la misión para investigar el sistema de inmersión lingüística y sacar la inmunidad a Carles Puigdemont, este martes la derecha española ha vuelto a aprovechar la posición de Dolors Montserrat como presidenta del comité de Peticiones del Parlamento Europeo para criticar la ley de amnistía y para acusar un experto de «desinformar» sobre la situación actual del catalán. Por un lado, la exministra de Sanidad ha reprochado al experto en lenguas Paul Videsott que haya «desinformado» después de mostrar los resultados de un informe que apunta a un aumento de las poblaciones con lengua y cultura propias en el Estado. En el comité de Peticiones, Videsott ha destacado este hecho porque la tendencia en el Estado es contraria a la mayoritaria en la UE, donde más de dos tercios de las minorías lingüísticas están disminuyendo en número. Después de la intervención del experto, la eurodiputada del PP ha negado que el catalán, el gallego y el vasco sean lenguas minoritarias al estar recogidas en la Constitución. «Desde el Parlamento Europeo no podemos desinformar», ha sentenciado Montserrat.
Después de que el experto haya defendido el bilingüismo como medida para mantener vivas las lenguas minoritarias, Montserrat ha subrayado que miembros del comité de Peticiones han ido a Cataluña porque «no se está protegiendo el castellano» en las escuelas. «No considero que en España las lenguas que están reconocidas a la Constitución puedan ser minoritarias. Hablamos las dos lenguas con total normalidad», ha dicho. En la réplica, el experto ha insistido que «las medidas se están aplicando bien» en los territorios con lengua y cultura propias en el Estado porque «estos grupos están creciendo» y no disminuyendo, como pasa con muchos grupos lingüísticos minoritarios en la UE.
Una «señal de alarma»
Videsott ha presentado en el comité de Peticiones del Parlamento Europeo el informe ‘Diversidad lingüística y cultural: lenguas minoritarias y minorizadas como parte de la diversidad lingüística y cultural europea’, elaborado a petición del mismo comité. En su intervención, el profesor de la Universidad Libre de Bolzano ha advertido que más de dos tercios de las minorías lingüísticas están disminuyendo en número en la UE, cosa que ha advertido tiene que ser un «señal de alarma» para impulsar políticas para «mantener la diversidad lingüística y cultural» a Europa. «Sin medidas adecuadas vayamos hacia una pérdida completa en algunas minorías y en sus lenguas», ha alertado.
El informe del experto apunta al hecho que los grupos minoritarios que tienen más competencias y autonomía también son los más capaces de mantener o aumentar en número. La escolarización en la lengua minoritaria, que sea un «idioma estándar» en el territorio y la presencia digital, son otras medidas que Videsott ha considerado importantes para garantizar la supervivencia de estas lenguas.
Hay que investigar la ley de amnistía
Por otro lado, Montserrat también ha aceptado una petición para enviar una nueva misión en España, en este caso para investigar la nueva ley de amnistía. Concretamente, la eurodiputada Rosa Estarás -también del PP- ha solicitado al comité de Peticiones que organice una misión para investigar la ley de amnistía. Aun así, la petición de los populares quedará parada hasta, como mínimo, el próximo mes de junio, puesto que no se pueden organizar misiones al menos hasta después de las elecciones europeas.
Más allá de la hipotética expedición para investigar la ley de amnistía, Montserrat ha decidido usar su posición de poder al comité para mantener abiertas las peticiones que denuncian la ley de amnistía a Europa, así como enviarlas al grupo de trabajo correspondiente dentro del comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE) para que emitan una opinión sobre el estado de derecho en España. En paralelo, Montserrat ha pedido a las autoridades españolas que informen la Eurocámara sobre el proceso legislativo de la ley en cuestión y ha exigido a la Comisión Europea que mantenga “actualizados” los eurodiputados sobre su proceso de evaluación del estado de derecho en España.
