La militancia de Esquerra Republicana no podrá ratificar en el Congreso Nacional que se celebrará el 15 y 16 de marzo en Martorell las conclusiones de la comisión de las supuestas estructuras paralelas a los órganos de gobierno, lo que se conoce como comisión de la verdad, y que es el órgano que prometió en campaña la candidatura de Oriol Junqueras para investigar la estructura B del partido. Así lo ha resuelto, según informa la ACN, la Comisión de Garantías, que ha limitado las funciones de este nuevo órgano del partido después de que dos militantes impugnaran la creación de la comisión que dirige Joan Tardà. Garantías avala que identifique personas, pero limita sus funciones a explicar el trabajo de la investigación.
Quince días después de la creación de este organismo, dos militantes de ERC impugnaron el acuerdo del Consejo Nacional para crear la comisión porque consideraban que se vulneraba la normativa interna, criticaban las «excesivas» funciones atribuidas al nuevo órgano interno y advertían de «posibles vulneraciones legales». Además, veían «riesgo de juicio público» y «falta de garantías procesales». Hace tres semanas, la Comisión de Garantías resolvió que no se podía definir la comisión como un órgano de control, y que ninguno de sus dictámenes será vinculante, porque cualquier propuesta que haga deberá ser «ratificada» por el órgano estatutariamente competente.
Además, la resolución remarca que «en ningún caso» el órgano presidido por Tardà instará a la ejecutiva del partido a «incoar ningún expediente disciplinario» y define la comisión como «un grupo de trabajo político», ya que cuenta con un objetivo político «definido», un carácter «temporal», una composición «diversa y especializada» y una autonomía «relativa». Además, deja claro que «no tiene potestad sancionadora» ni «la capacidad de obligar a ningún afiliado a ERC a colaborar con ella».
Una comisión de la verdad sin «presunción de veracidad»
La resolución de Garantías, por otro lado, recuerda que el plan de trabajo del documento de creación de la comisión indicaba que su dictamen sería «ratificado» en el plenario del Congreso Nacional, que se celebra el fin de semana del 15 y 16 de marzo en Martorell. Sobre esta cuestión, el órgano presidido por Patrícia Gomà alerta que una ratificación de las conclusiones de la comisión crearía «un relato de hechos, que podría ser acusatorio para algunas personas, que después sería difícilmente discutible por los otros órganos de control del partido».
En este sentido, no considera «ajustado a derecho» que se deban ratificar las conclusiones en el cónclave republicano. Si se hiciera, según argumenta, se estaría dotando a la comisión de una «cierta legitimidad y presunción de veracidad» de la que «no dispone» porque no es ningún órgano de control interno de la formación. En cambio, Garantías acepta que el órgano de Tardà tiene derecho y legitimidad para elaborar un «dictamen político», que incluya un relato de hechos político y las recomendaciones que el mismo órgano considere «oportunas». «Este dictamen podrá ser expuesto al plenario del Congreso Nacional, pero no podrá ser ratificado», concluye la resolución.
Regula la identificación de personas
Otro de los aspectos que deja claro la Comisión de Garantías es que esta comisión de la verdad no podrá «citar a personas ni dar datos que puedan hacer fácilmente identificable a una persona o grupos de personas» porque eso es potestad de los órganos de control del partido. Así, la comisión de Tardà solo podrá concluir si han existido o no estructuras paralelas y explicar cómo se han financiado. El órgano de Gomà, además, insta a la ejecutiva de ERC a «retirar la ratificación» del dictamen del orden del día del Congreso.
En unas aclaraciones solicitadas por la comisión de la verdad a Garantías, y a las que ha tenido acceso la ACN, el órgano de Gomà puntualiza que sí «podrá identificar personas», pero solo para «explicar el trabajo realizado». Es decir, podrá detallar las personas que ha citado y las que han comparecido. Aun así, remarca que en aquellos casos en los que se detecten responsabilidades políticas «debidamente acreditadas», se deberá seguir el marco normativo interno del partido y trasladarlas «a los órganos responsables del partido».
