Aumenta la presión sobre la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por el colapso de las Rodalies catalanas. El Parlamento la ha reprobado y ha vuelto a pedir su dimisión por la «mala gestión» de la crisis ferroviaria que sufre el Principado desde el accidente provocado por el desprendimiento del muro de un talud en Gelida, el pasado 18 de enero. La decisión se ha tomado mediante la aprobación de tres puntos de mociones de Junts, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP exigiendo al Gobierno que depure «responsabilidades políticas» por el caos en la movilidad del país. Han contado con el voto favorable de todos los partidos con las excepciones de los Comuns y Alianza Catalana, que se han abstenido, y del PSC, que ha votado en contra. Más allá del golpe a Paneque, el pleno también ha reprobado al ministro español de Transportes, Óscar Puente, de quien también han reclamado el cese.
Los grupos parlamentarios insisten en buscar la salida de Paneque del ejecutivo, todavía inmersos en la crisis ferroviaria. La consejera, sin embargo, se aferra al cargo, y ya aseguró el pasado martes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le ha trasladado «la confianza en el trabajo que está haciendo». Contra el criterio de Illa, los partidos catalanes le reprochan la «mala gestión», la falta de información a los usuarios y la ausencia de alternativas para los afectados, y reclaman «impulsar los cambios necesarios en el departamento» para garantizar que una crisis de esta magnitud no se repita. También señalan al mismo presidente, a través de una moción de la CUP, que le reprochan la «falta de fiscalización a Adif y Renfe durante la crisis».
Antes de las acusaciones de los partidos, Paneque ha reivindicado el trabajo hecho desde el departamento durante la emergencia ferroviaria, y ha defendido que «de todas las crisis pueden salir oportunidades» si se trabaja «de una manera unitaria». En este sentido, ha interpelado a los partidos que la han reprobado para que inicien un «pacto de país por el transporte público», que implique también a los agentes económicos y sociales, el mundo local y las plataformas especializadas para impulsar un nuevo sistema catalán de gestión de las infraestructuras ferroviarias. También se ha comprometido a trasladar a la cámara el grueso del plan de Rodalies 2020-2030, modificado recientemente con nuevas partidas presupuestarias, para que sea «un elemento de discusión» entre los actores políticos.
Denuncia a Rodalies
Aparte de las potenciales dimisiones, los grupos parlamentarios también han dirigido la rabia hacia Renfe y Adif, a quienes sitúan como culpables de la mala gestión de infraestructuras ferroviarias en las últimas décadas. Una moción de Junts, aprobada también por la cámara, asegura que las gestoras españolas han sufrido unas «falsas consecuencias» por su papel en el colapso ferroviario catalán. En este sentido, contempla llevar a los tribunales a las dos empresas estatales, y lo hace con el apoyo de Vox, la CUP y AC, las abstenciones del PP y ERC y el voto en contra del PSC y los Comuns. Esta iniciativa de los independentistas sí ha prosperado, al contrario que la que reclamaba «expulsar» a Renfe de Cataluña y otorgar la gestión ferroviaria completa a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en línea con el informe que presentaron sus servicios jurídicos a principios de semana. Ya entonces, sin embargo, Paneque reprochó que la propuesta no tiene «ningún fundamento real», y aseguró que la Generalitat «no puede anular ningún contrato» con la operadora, porque «no es así como funciona» el servicio ferroviario catalán.
