Junts per Catalunya ha presentado un informe de sus servicios jurídicos que concluye que hay base legal para que el Gobierno pueda rescindir el contrato con Renfe y, posteriormente, otorgar la gestión del servicio de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El informe que ha presentado el portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, en rueda de prensa concluye que «continuar dependiendo de Renfe para la gestión de Rodalies es por voluntad política, en ningún caso hay ningún obstáculo jurídico». La formación de Carles Puigdemont llevará esta petición de resolución del contrato en un punto de la moción sobre el colapso de las infraestructuras de movilidad, que se votará en el pleno de la próxima semana. «Veremos si el PSC prefiere proteger a Renfe antes que proteger a los usuarios», ha dicho Vergés.
El documento subraya que las interrupciones del servicio de los últimos días suponen un «incumplimiento del contrato de prestación del servicio» y las competencias de la Generalitat prevén «hacen posible», según la formación, iniciar un proceso administrativo para rescindir el contrato con la operadora estatal. «Si el servicio prestado por Renfe supone un incumplimiento, como es el caso, de las obligaciones esenciales del contrato, la Generalitat puede, haciendo uso de sus competencias que comprenden la regulación, la planificación, gestión e inspección de estos servicios, rescindir el contrato con Renfe, en el marco de un procedimiento administrativo de resolución contractual», ha añadido Vergés, y ha remarcado que se trata de un traspaso por la «vía de un contraataque en defensa propia».
Para romper el contrato con Renfe, según el informe, el Gobierno tiene dos vías: iniciar un expediente informativo de resolución del contrato o incluirlo en el que el Gobierno ha abierto a Renfe durante esta última crisis en Rodalies. Este expediente establecería «una penalización, una advertencia y una sustitución gradual», además de medidas provisionales urgentes hasta la finalización del servicio. Asimismo, se abriría un trámite de audiencia para que Renfe se explicara, y se añadiría una resolución motivada del cese del contrato y los «efectos económicos que conllevaría». El documento también sostiene que después de dejar de operar, Renfe tampoco puede retirar los activos (es decir, trenes y personal, entre otros), porque «no están adscritos a Renfe, sino al servicio». «Renfe, hablando claro, no te puede dejar plantado. En el momento en que inicias el expediente, Renfe no puede abandonar el servicio», ha afirmado el diputado de Junts.
El traspaso a FGC se podría hacer esta legislatura
El informe jurídico elaborado por los servicios internos de Junts constatan, además, que la gestión de Rodalies la podría asumir FGC a través de una adjudicación directa o por concurso y, en este sentido, lo ejemplifican con las líneas de las Rodalies de Lleida RL3 entre Lleida y Cervera (Lleida) y RL4 entre Lleida y Manresa (Barcelona). Aun así, Salvador Vergés ha reconocido que con FGC, como nueva operadora en sustitución de Renfe, no se solucionarían los problemas de un día para otro. «No nos quedamos ningún caramelo, nos estamos quedando un enfermo que está en la UCI. ¿Por qué? Porque no se le ha aplicado la vacuna preventiva correspondiente y ahora nos encontramos con un enfermo que no sabemos ni cómo».
Con todo, Junts defiende que la operación se podría llevar a cabo con un horizonte de dos años y ha remarcado que hay tiempo de hacerlo esta legislatura si Salvador Illa, como ha dicho hasta ahora, agota su mandato. «En el plazo de un año, un año y poco, máximo dos, que es cuando debería acabar lo que queda de esta legislatura», ha manifestado, y ha recordado que los directivos de Ferrocarrils ya han manifestado alguna vez que la empresa pública está preparada para asumir «lo que el Gobierno quisiera». “Estamos pidiendo un traspaso hecho con autoestima. Echar a Renfe de Cataluña es el clamor de los usuarios y mañana se podrá sentir en las manifestaciones que hay convocadas en Barcelona”, ha reivindicado.
