La comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlamento de Cataluña ha citado al presidente español, Pedro Sánchez, y a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño y Yolanda Díaz como testigos para esclarecer el escándalo del espionaje masivo al independentismo, según el calendario de sesiones de la Mesa. La Moncloa ya ha confirmado que ni Sánchez ni ningún otro ministro irán al Parlamento. Fuentes del gobierno español han explicado que «solo rinden cuentas ante el Congreso y el Senado” y que tanto Sánchez como Robles y Marlaska «ya han respondido múltiples preguntas y comparecencias sobre esta cuestión».
La sesión será el próximo 3 de marzo y está previsto que unas ochenta personas sean citadas a declarar, a pesar de que no tienen ninguna obligación legal de hacerlo. La Mesa de la comisión, formada por ERC, Juntos y la CUP, ha aprobado el calendario de comparecencias basado en el plan de trabajo cerrado a finales de enero para investigar el Catalangate. La comisión también ha citado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; al juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo; al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; o al exsíndico de agravios Rafael Ribó. Otros nombres que suenan para futuras citaciones incluyen a Mariano Rajoy, a Pablo Iglesias, a la directora del CNI Esperanza Casteleiro, a Enric Millo o a Carles Puigdemont.
Los abogados del Proceso acusan la Fiscalía de bloquear la investigación de Pegasus
En la primera sesión de la comisión, celebrada el 20 de enero, comparecieron los abogados Gonzalo Boye, Andreu van den Eynde y Benet Salellas. Los abogados acusaron la Fiscalía de querer obstaculizar la investigación del caso Pegasus. Van den Eynde reprochó al ministerio público que «no apoye ninguna investigación» y utilice un «truco» como es el desconocimiento general de cómo funciona o quien contrata el programa Pegasus para no investigar.
Salellas también cargó contra la Fiscalía por cuestionar la «competencia» de la justicia española para investigar el caso, mientras que Boye aseguró que hasta que no se destape el caso de un «primer juez espiado» la justicia no se moverá. Según el artículo 57 del Reglamento del Parlamento, que regula las comparecencias y las solicitudes de información, «las comisiones tienen que sustanciar la comparecencia de las autoridades o los funcionarios que, de acuerdo con la ley, tienen la obligación de comparecer ante la cámara». En el pasado el mismo Sánchez y otros políticos españoles ya se han negado a comparecer con las mismas excusas.
