Junts per Catalunya y la CUP alejan el Pacto Nacional por la Lengua. Los de la formación de Puigdemont, según explican fuentes del partido, no se oponen a negociar, pero en estos momentos están lejos del acuerdo. Entre otras exigencias, reclaman concreciones al Gobierno sobre la respuesta que dará si hay una sentencia “restrictiva y dura” del Tribunal Constitucional contra la escuela catalana, ya que debe tomar una decisión sobre la ley y el decreto de 2022, con los que la Generalitat pretendía esquivar la sentencia del TSJC que imponía el 25% de castellano en todas las aulas. En cambio, los anticapitalistas han cerrado completamente la puerta a apoyar el pacto y han trasladado al consejero de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, que no lo firmarán.
Fuentes de Junts piden más ambición al Gobierno y al consejero porque consideran que en estos momentos «es más un plan de política lingüística, que no un Pacto Nacional por la Lengua», y reclaman al ejecutivo de Salvador Illa que cuente con «todos los actores implicados» en la defensa del catalán porque, según denuncian, «ha dejado fuera a las entidades». «Hace falta un pacto de país», insisten las mismas fuentes, que reclaman al gobierno socialista un «cambio de actitud» con su compromiso con la lengua. Así, piden que las comunicaciones oficiales y los discursos del presidente de la Generalitat y los consejeros sean en catalán. «El Gobierno usa la lengua castellana en muchos momentos, y esto es intolerable», subrayan.
Además, lamentan que el redactado «no recoge la cuestión de la emergencia lingüística», y advierten que es necesario ver «cómo actúa ante las injerencias judiciales». En este sentido, la sentencia del Constitucional también complica que Junts per Catalunya se adhiera al pacto, e insisten, como ya ha hecho alguna vez en sesión de control, que el ejecutivo debe definir la reacción política que se deberá dar cuando el TC tome una decisión. Aun así, los de Junts no cierran ninguna puerta y se muestran dispuestos a «conversar» cuando el Gobierno quiera, y no entienden que «nos digan que no estamos».
La CUP se desmarca del Pacto Nacional por la Lengua
La diputada de la CUP en el Parlamento de Catalunya, Laia Estrada, ha explicado este martes en rueda de prensa que la semana pasada se reunieron con el consejero Francesc Xavier Vila y le trasladaron que no firmarán el Pacto Nacional por la Lengua. Aunque ha valorado las medidas que el Departamento les puso sobre la mesa y a las cuales no presentarán oposición si se implementan, la diputada ha subrayado que «un verdadero plan nacional por la lengua se debe hacer contra el Estado, no de la mano del Estado». «Lo que no haremos será participar de una operación política que forma parte de este proceso de pacificación por parte del PSC y del PSOE con el objetivo de preservar la unidad de su reino», ha sentenciado.
El Gobierno lo lamenta
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha evitado fijar una respuesta sobre una sentencia que aún no se ha producido, y ha dicho que cuando la reciba, el ejecutivo la evaluará y explicará lo que tenga que decir sobre la sentencia del 25% de castellano del Tribunal Constitucional. No obstante, ante la negativa de los anticapitalistas y las reticencias de los de Junts, la portavoz ha defendido que quieren aprobar el Pacto Nacional por la Lengua «con el máximo apoyo posible en el Parlamento». «No es el Gobierno quien no puede esperar, es el estado del catalán quien no puede esperar», ha esgrimido.
«Sería una lástima que por consideraciones políticas que no tienen nada que ver con la política lingüística” no se pudiera desplegar, ha insistido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Paneque ha pedido que «no se mezclaran cuestiones que no tienen nada que ver con las políticas para aumentar el uso del catalán en diferentes ámbitos». La portavoz del ejecutivo ha incidido que el Pacto Nacional ofrece un «paraguas común» para mejorar el uso de la lengua catalana y ha defendido hacer todo lo posible para desplegar políticas que mejoren el estado de salud de la lengua.
