El ministerio del Interior, dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que ahora hace de ministro, no se inquieta por la presencia de un militar armado en las protestas convocadas por la ultraderecha ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Así lo certifica en una respuesta parlamentaria el mismo ministerio, a preguntas del diputado Santiago Ramos, de Sumar, que pidieron explicaciones sobre cómo se había llevado a cabo la detección del arma durante las manifestaciones ultra contra la acuerdo de investidura entre PSOE, Sumar y los partidos independentistas.
La respuesta, con fecha del 23 de diciembre y a la cual ha tenido acceso El Món, tiene un punto de insólita, porque el ministerio afirma que el arma era «reglamentaria» pero admite que se «desconocen los motivos» por los cuales el militar la llevaba en la protesta. De hecho, el gobierno español asegura que ni el mismo alférez que la llevaba indicó los motivos. Una afirmación que denota que Interior no muestra ninguna desazón ni inquietud por el hecho que un oficial de las fuerzas armadas se persone armado en una manifestación violenta y con evidentes símbolos ultra.
Una pistola «correctamente acreditada»
En la respuesta parlamentaria, el ministerio del Interior se limita a asegurar que el alférez alumno armado «fue interceptado en uno de los filtros policiales». Unos controles «establecidos con el fin de evitar que las personas que accedieran en la zona donde se celebraba la concentración llevaran alguno objete/instrumento que resultara peligroso para la integridad física de los concentrados y de los agentes policiales que se encontraban prestando servicio en el lugar».
Pero mira por dónde, el ministerio no encuentra que una pistola pueda ser un elemento de riesgo, atendido el tono y el contenido de la respuesta. «La pistola confiscada contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada», destaca. Y concluye: «Se desconoce el motivo por el cual el alférez llevaba en aquellos momentos su arma reglamentaria, sin que el oficial tampoco se pronunciara sobre esta cuestión». Sin más explicación ni razón. De hecho, la respuesta evita confirmar si se le ha aplicado alguna sanción por la ley mordaza o ha sido comunicada la requisición de la pistola a las autoridades militares para que le abran un expediente disciplinario.
