La Ley para la erradicación del amianto no puede esperar más. Este mensaje contundente es el que han transmitido las entidades impulsoras de este reglamento, que había sido aprobado en los últimos días del mandato de Pere Aragonès y que con el cambio de gobierno había quedado en un cajón hasta la semana pasada, cuando el ejecutivo de Salvador Illa lo recuperó. En una rueda de prensa desde el Parlamento, las agrupaciones de la sociedad civil que desde hace más de una década luchan por poner la problemática sobre la mesa de las administraciones han refrendado el apoyo político del grueso de la cámara catalana para poder aprobar con «urgencia» el proyecto de Ley, que estará sujeto a la introducción de enmiendas y modificaciones antes de poder elaborar el nuevo reglamento, que debería estar listo durante la primera mitad del 2025.
«Somos conscientes de que queda trabajo, y por eso estamos contentos, pero no satisfechos porque aún tenemos que llegar al final y retirar el amianto de forma segura […] Consideramos que son tan responsables el que tira una uralita en la calle al lado de una escuela como quien tiene una responsabilidad pública y no la retira», ha señalado en su intervención Miguel Moreno, portavoz de la agrupación de jubilados de Macosa-Alstom y uno de los artífices de la normativa, que pretende avanzar en este objetivo fijado por la Unión Europea de tener un territorio libre de fibrocemento antes del 2032. En la misma línea se ha pronunciado Joan Maria Soler, portavoz de la Comisión contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), que en unas declaraciones recogidas por la ACN instó a los grupos parlamentarios a trabajar “con la máxima celeridad” y con un espíritu “unitario” para evitar retrasos que se pueden traducir en «cientos de muertes» en Cataluña.
Tanto Moreno como Soler coinciden en advertir que no hay tiempo que perder, ya que el amianto que queda presente en edificios o espacios se está degradando y libera un mínimo de fibras en el ambiente que pueden generar un cáncer. “La urgencia es clara”, ha dicho Moreno, que ha agregado que retrasar la aprobación de la ley sería “criminal”. En este sentido, desde la FAVB piden declarar las escuelas espacios libres de amianto y aprovechar el mes de agosto para retirarlo y hacer las reformas necesarias para que el próximo curso ningún centro lo tenga. “La población infantil es la más sensible a contaminarse de amianto”, ha asegurado Soler.
Apoyo unánime con la excepción de Vox y Aliança Catalana
Cabe recordar que las entidades impulsoras convocaron a los grupos parlamentarios el pasado 26 de noviembre a una cumbre para abordar la tramitación de la ley y les pidieron el compromiso para trabajar de manera rápida y con un espíritu “positivo y unitario”. Actualmente, cuentan con el apoyo explícito de todos los grupos parlamentarios, exceptuando Vox y Aliança Catalana.
