Más nubes de tormenta se acercan en la ya tocadísima relación entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya. Ahora, a raíz de una nueva iniciativa sobre la vivienda. En concreto, el pacto que se filtró este miércoles entre Sumar y el PSOE para una «nueva prórroga extraordinaria» de los contratos de alquiler que prevé cubrir a los inquilinos con contratos con fecha de vencimiento hasta el 30 de junio de 2028.
De hecho, esta sería la medida estrella de un acuerdo que incluye la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, así como el aumento de la presión fiscal sobre los pisos turísticos. Ahora bien, el detalle de las medidas, que debe recoger un real decreto ley, no se ha hecho público para poder «trabajar con discreción» y tratar de ganar apoyos, de grupos como Junts y Podemos, para poder convalidarlo en el pleno y no que, una vez en la cámara, decaiga por falta de apoyos, como ocurrió con el decreto anterior.
Junts, sin embargo, no acaba de ver factible votar a favor porque sospechan, a raíz de las informaciones aparecidas, que mezclará medidas que abrirían la puerta a «dar cobertura a la ocupación ilegal o a los fondos buitre a costa de la desaparición de los pequeños propietarios». De hecho, desde Junts insisten en que las medidas aplicadas hasta ahora por el gobierno español «han encarecido los precios y han reducido la oferta». En todo caso, en el mes de mayo, el grupo parlamentario de Míriam Nogueras dejó entrever que avalaría un virtual decreto estatal de vivienda si incluía desgravaciones fiscales en la compra y el alquiler de vivienda, así como en el ahorro previo a la compra y la rehabilitación. Pero, eso sí, desvinculando estas propuestas de una nueva prórroga de los alquileres.
Urtasun, al mando
Conscientes de la importancia de una nueva regulación de la vivienda, Sumar no se ha quedado corto y ha dado el mando de la negociación a uno de los tótems de la coalición, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que lo ha trabajado con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE). Su estrategia es presentar a los grupos parlamentarios el esqueleto del decreto para ir negociando separadamente con cada formación. Especialmente, con Junts y Podemos. En este sentido, los de Carles Puigdemont recuerdan que los socialistas y los de Sumar ya tienen desde hace semanas sus «propuestas concretas». En cuanto a Podemos, su condición sine qua non es una moratoria en los desahucios. Y ambas formaciones son indispensables para sacar adelante el decreto.
Según fuentes de Sumar, el punto de partida del nuevo decreto es una «prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que podrán solicitar los titulares de los contratos que venzan el 20 de junio de 2028». Una fecha que amplía hasta casi un millón la cantidad de personas que se pueden beneficiar. El nuevo texto legal también tendría un gran contenido de regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para tratar de limitar su uso fraudulento. Por ejemplo, el acuerdo con el PSOE incluye subir hasta el 21% el IVA de los pisos turísticos y endurecer el régimen sancionador sobre su publicidad en las plataformas. En resumidas cuentas, medidas para desincentivar la proliferación de los pisos turísticos.
En la misma línea, remarcan que el decreto tiene un doble objetivo. En primer lugar, rebajar precios, dar estabilidad y fiabilidad a los contratos y combatir el fraude. Y, en segundo lugar, aplicar medidas que incentiven medidas que movilicen vivienda asequible. Ahora bien, el texto que se ha explicado a los grupos contiene medidas a las que Junts ya ha votado en contra en todos los intentos de cambio. Una circunstancia que desde los juntaires no acaban «de entender» y que interpretan como una «maniobra que tiene algo oculto, o un engaño con una intención política determinada». Aunque el aplazamiento del vencimiento de los alquileres es una medida que tampoco ven mal, pero no acompañada de medidas que creen que perpetúan el encarecimiento de la vivienda o el fomento de la ocupación ilegal.
Medidas de Junts
Junts, parte indispensable para un posible acuerdo por el nuevo decreto –que aún no tiene fecha para ir al Consejo de Ministros–, insiste en las medidas que han reclamado durante toda la legislatura. En concreto, la desgravación fiscal del alquiler para los inquilinos, desgravaciones de la hipoteca para los pequeños propietarios, recuperación de la figura de las cuentas vivienda, estímulo de construcción nueva y reforma y más inversión en vivienda pública. En el mismo paquete reclaman desbloquear la ley contra la ocupación ilegal y que el coste para la protección de las medidas vulnerables sea del Estado y no del pequeño propietario.
