El dicho dice que, en septiembre, las cabras a la sierra y el vino a la jarra. Y, a la vista de los últimos años, se le puede añadir: y la toga al estrado. Este 2025 lo reafirma. El inicio del curso político viene marcado por varios juicios e instrucciones judiciales. Casos que pueden determinar la deriva de las legislaturas catalana y española y tensar las costuras del Estado ante la crisis institucional que cada vez se puede hacer más amplia, sobre todo por el frente de la magistratura que sostiene una guerra contra el poder ejecutivo y legislativo, tanto con el asedio judicial al PSOE y la Moncloa como con la ley de amnistía que levantó en armas a buena parte de las togas.
Como ejemplo de esta tensión institucional, destaca el boicot que el ala derecha de la magistratura y del ministerio fiscal quiere hacer al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En concreto, los diez miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han solicitado por carta a la presidenta Isabel Perelló, que censure la presencia de García Ortiz así como limite el protagonismo del ministro de Justicia y Relaciones Institucionales, Félix Bolaños. Una petición que cuenta con el apoyo explícito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas conservadoras y mayoritarias en sus ramas.
Una agenda apretada
Si con esta olla a presión no fuera suficiente, el inicio del curso político está determinado por juicios e instrucciones judiciales de alto voltaje político. De entrada, la vista oral en el juicio de García Ortiz por revelación de secretos, pero también se añadirá la instrucción del caso Koldo y su derivada hacia el caso Ábalos y Santos Cerdán, aún en prisión, así como la evolución del caso Montoro, que justo se levantó el secreto de sumario antes de las vacaciones de verano.
Pero otros casos como el juicio a la familia Pujol Ferrusola, el caso de la doctora Pinto y el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, piezas separadas de corrupción del PP que derivan del sumario Gürtel o de la Púnica, que celebrarán las vistas orales antes de acabar el 2025. Además, antes de final de año se habrán decidido las fechas del juicio del caso Inipro de corrupción en el ayuntamiento de Tarragona o del juicio al ministro Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen. De hecho, no será la única preocupación judicial del exministro, porque la justicia andorrana ha reactivado las comisiones rogatorias para investigarlo, así como al expresidente español, Mariano Rajoy, por la trama andorrana de la Operación Cataluña.
Además, fuera del ámbito estrictamente jurisdiccional, pero sí de magistratura, quedará pendiente la decisión de los recursos de amparo sobre la aplicación de la amnistía así como la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales a la misma ley presentadas por órganos españoles. Una decisión que afectará no solo a los procesados y condenados por el Tribunal Supremo, sino a los involucrados en la operación Judas, los condenados por el Tribunal de Cuentas o de Josep Maria Jové, líder de ERC en el Parlamento y el gerente del partido, Lluís Salvador.
Un juicio inédito
Precisamente, el juicio al fiscal general del Estado será uno de los puntos de ebullición del nuevo curso político. De hecho, el juez instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, ha trabajado diligentemente y el pasado 9 de junio confirmó su procesamiento. En un duro auto, el juez excluía del caso a la fiscal jefe en Madrid, Pilar Rodríguez, pero razonaba que existían suficientes indicios para acusarlo de revelación de secretos. Todo por unas supuestas filtraciones sobre un pacto de conformidad por un delito fiscal entre la fiscalía con Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.
El caso es inédito en democracia y el ala derecha de la judicatura y de la fiscalía han sacado provecho. De hecho, su nombramiento ya generó bastante tensión dentro del ministerio fiscal, un organismo constitucional, que ha derivado hacia posiciones muy conservadoras. La crisis fue creciendo porque las asociaciones de fiscales impugnaron nombramientos como el de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de sala. Impugnaciones que fueron estimadas por parte del Tribunal Supremo. Incluso, las asociaciones de fiscales más a la derecha impugnaron su segundo nombramiento por considerar que no era apto para el cargo y tuvo que afrontar un informe desfavorable a su renovación por parte del pleno del Consejo General del Estado.
La Moncloa y el PSOE, bajo sospecha
Por otro lado, la justicia también tendrá un papel determinante en las instrucciones judiciales que asedian al PSOE y la Moncloa. En este marco, cabe incidir en el caso Koldo, desde la Audiencia Nacional, que ha derivado en el caso José Luis Ábalos, -exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE- y que ha terminado con el caso Santos Cerdán, también exsecretario de organización del PSOE, delegado de las negociaciones con Junts per Catalunya y exdiputado por Navarra en el Congreso.
Cerdán y Ábalos se encuentran bajo las pesquisas del Tribunal Supremo que este jueves ha solicitado más información a la cámara baja española, al PSOE, al parlamento navarro y a un ayuntamiento a requerimiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para cerrar los informes económicos de los dos investigados. El caso deriva de la investigación por corrupción en la compra de material para la pandemia. Las grabaciones de Koldo García, exasesor de Ábalos en el ministerio.
Pero esta instrucción no es la única que afecta de lleno al PSOE. El caso Begoña Gómez tiene todos los elementos de una potencial crisis de gobierno. Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez, está investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que no solo no ha aflojado en su acometida sino que ha ampliado hasta cuatro delitos la instrucción: malversación, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida. Todo por haber participado en seminarios universitarios, haber utilizado un ordenador público, o haber gestionado ayudas o becas para entidades o fundaciones. De hecho, está previsto que el 10 de septiembre haya declaraciones aunque se ha solicitado la suspensión sin que hasta el momento se haya resuelto.
El caso Pujol
Después de más de diez años de instrucción y de haber cerrado la investigación en 2022, llegará el juicio de uno de los casos que puede sacudir la política catalana. Es el juicio en la Audiencia Nacional a la familia Pujol Ferrusola que se iniciará, si no hay ningún impedimento, el próximo 10 de noviembre. Una vista que se ha previsto se alargue hasta finales de abril. Un caso técnicamente muy complejo que se ha ido desinflando con el archivo de cierre de piezas como la operación Drago, que acusaba a la familia de haber blanqueado los famosos «3.000 millones de los Pujol».
La vista puede permitir, a la vista de la prueba aceptada y de la larga lista de testigos, cómo actuó la policía patriótica para iniciar una investigación prospectiva. De hecho, podría ser que en la vista se termine de acreditar la vulneración de derechos fundamentales, y más, después de la condena, ratificada por el Tribunal Supremo, al exdirector Adjunto del Cuerpo Nacional de Policía, Eugeni Pino, por el caso del lápiz de memoria de los Pujol. Una sentencia que demuestra las fechorías de la brigada política para conseguir pruebas y acusaciones contra la familia del expresidente.
La fiscalía pide hasta 9 años de prisión para el expresidente, y 29 años para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por los delitos de blanqueo, asociación ilícita, contra la hacienda Pública y falsedad. La vista será un juicio muy interesante, técnicamente intenso y donde se verán las caras los fiscales estrella actuales de anticorrupción y un buen grupo de abogados penalistas dispuestos a la batalla.
Las corruptelas del PP
Este noviembre se celebrará el último juicio de la trama Gürtel, que abarca la corrupción del PP de 1999 a 2009. También, el juicio de la trama «eólica» del PP de Castilla La Mancha, por contratos y adjudicaciones de parques eólicos que descubrió una inspección de la Agencia Tributaria y continuará la vista del caso Púnica, también de financiación irregular del PP. Juicios a celebrarse antes del mes de diciembre que también se verán empañados por la continuidad de la investigación del caso Montoro y del uso fraudulento de la agencia tributaria para favorecer empresas. En el ámbito del PP también destaca un juicio bastante peculiar previsto para octubre y es el caso de la doctora Elisa Pinto, es decir, la supuesta contratación de los servicios de Villarejo para atemorizar a una dermatóloga, a cargo del empresario Javier López Madrid, compi-yogui de la Leticia Ortiz, monarca española.
