Junts per Catalunya carga contra el gobierno español por «borrar el catalán de las autopistas y vías públicas» del Principado. La formación independentista exige explicaciones al ejecutivo que preside Pedro Sánchez por la «sustitución de señales viales» en varias arterias de la red catalana por «versiones exclusivamente en castellano». Entre otras instancias, Junts alerta que las señales que dirigen a Alacant han sido sustituidas para registrar solo «Alicante»; así como la eliminación de acentos en topónimos como Montornès. También los acusa de añadir traducciones innecesarias al castellano, como en el caso de «Girona Sud/Sur». Para los diputados, esta «ofensiva» constituye una vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanes y atenta contra la normativa vigente que rige la rotulación en las conexiones viales catalanas.
Las preguntas al ejecutivo han sido registradas por los diputados Isidre Gavín y Pilar Calvo; y registran una multitud de ejemplos del ataque español al catalán en las autovías del país. Uno de los más flagrantes, por el alcance del agravio, es la señalización vial en la Val d’Aran, que se encuentra únicamente en castellano; hecho que vulnera los derechos lingüísticos tanto de los usuarios catalanoparlantes como de los hablantes de aranés, también menospreciados por la Moncloa.
«Normalización» del catalán
En su cuestionamiento al gobierno, Gavín ha subrayado que la defensa del catalán como lengua propia del Principado es una «obligación de los poderes públicos»; una que las administraciones españolas están ignorando. Recuerda, de hecho, que estas actuaciones contravienen la legislación del Estado español en materia de tráfico, que obliga a garantizar que la señalización cuente con versiones en catalán y en castellano en los territorios de habla catalana. Además, el Reglamento General de Circulación garantiza que los topónimos que se utilicen en la señalización vial sean los oficiales y, por lo tanto, los catalanes. De esta manera, la ofensiva contra el catalán del gobierno contravendría «tanto la normativa lingüística como el marco competencial vigente». Por su parte, Calvo ha preguntado a la Moncloa «cómo y cuándo piensa revocar la obligatoriedad del castellano» en las infraestructuras situadas en territorios de habla catalana, o con cualquier otra lengua propia oficial; y ha cuestionado si «respetará las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de toponimia».
