El Grupo Objetivamente Identificable de Personas. El GOIP, en su acrónimo judicial. Este es el concepto con el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, sobre el consejero en el exilio Lluís Puig, a raíz de la negativa de la justicia de Bélgica de entregarlo a España. Un concepto que, de momento, desde 2023 ha bloqueado la emisión de las órdenes de detención europeas para los miembros del exilio.
Por tanto, el concepto GOIP puede ser una herramienta de defensa en la ofensiva judicial contra el independentismo. Así lo han analizado, Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, –que ha dado su charla en catalán–, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el titular del Juzgado de Instancia número 1 de Barcelona, Guillem Soler, en un coloquio esta mañana en el marco de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que esta semana se celebra en Prada (Conflent).
Tanto Boye como Soler han propuesto que el concepto GOIP se utilice sobre todo en términos de defensa más que de ataque y han propuesto fórmulas para definir cómo «identificar» un GOIP catalán, en una comprobación de tres fases. La idea de fondo ha sido formulada por Soler y rematada por Boye. En concreto, desglosar el GOPI como aquellas personas que «sufren una discriminación jurídica» en la aplicación de la ley. «Es decir, tratar a alguien de manera diferente y anómala porque es catalán», ha señalado el magistrado.
Una herramienta en tres fases
Para el juez, el GOIP es una «herramienta perfecta ideal que puede englobar los conceptos de lawfare, derecho penal del enemigo y minoría nacional». De hecho, lo ha calificado de concepto «paraguas» y que no excluye ninguno de estos tres que se han perpetrado en todos los procesos contra el catalanismo. Boye, por su parte, ha identificado que el GOIP como aquellos casos que atacan «la identidad catalana». Es decir, que podría ser tanto la lengua, como una reivindicación política, como un proceso sancionador tributario.
Por eso, Soler, propone un sistema para distinguir los casos que pueden ser GOPI en tres fases. En primer término, la fase 1 que sería «el indicador», es decir, un hecho que advierta que pasa «algo extraño». Una segunda fase de «confirmación» y una tercera fase de «determinación de la gravedad de la anomalía».
