El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, vuelve este lunes al Senado español en medio de una ofensiva total de la derecha española contra la amnistía. Seis meses después de su última intervención en la Cámara Alta, también en el seno de una Comisión General de las Comunidades Autónomas, Aragonés hará de contrapunto a una presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que capitanea la carga de los Populares. En la misma sesión, los presidentes territoriales del PP aprobarán el difamado informe que tilde la ley de «golpe mortal» para el estado de derecho, con votos particulares tanto de Juntos y ERC como del PSOE.
Ahora hace seis meses, el octubre del 2023, Aragonés ya defendió la amnistía ante un Senado de mayoría absoluta popular en el marco de las negociaciones para la investidura del presidente español Pedro Sánchez. Entonces, pero, abandonó el hemiciclo después de su intervención. En esta ocasión, a menos de unos veinte días de comenzar la campaña electoral del 12-M, el jefe del ejecutivo catalán se quedará la Cámara para atizar el conflicto con la derecha. «Querían que fuera un monólogo y no será así», explicaba en una reciente entrevista a la cadena
Justo es decir que la de Aragonés será la única intervención de un representante de instituciones territoriales fuera del control del PP. Ayuso liderará un contingente formado por algunos de los nombres clave del PP fuera de Madrid: intervendrán también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el jefe del ejecutivo murciano, Fernando López Miras; o el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco. Jefe de los presidentes socialistas asistirá, así como tampoco lo hará el lehendakari Íñigo Urkullu, a menos de dos semanas de los comicios en el País Vasco.
El «golpe mortal», garantizado
Si bien es cierto que la presencia de Aragonés rompe el monolito conservador que los de Alberto Núñez Feijóo querían presentar en el Senado, las intervenciones de los presidentes territoriales no supondrán ningún cambio en cuanto al informe jurídico contrario a la amnistía. El documento, que será revelado durante la misma Comisión, tilde la norma de «el peor atentado contra la seguridad jurídica que se ha producido en España desde el 1978», un «golpe mortal contra el Estado constitucional y autonómico». La diatriba españolista se aprobará al mismo tiempo que se tumba la misma ley de amnistía en el senado, un escollo de los populares que solo servirá para retrasar su entrada en vigor una vez el Congreso dé su sí definitivo en mayo.
La postura de la derecha se encontrará, pero, con los votos particulares de independentistas y socialistas. En su posicionamiento de parte, Esquerra defiende que la amnistía «no afecta el Estado autonómico», en cuanto que no supone una intromisión del gobierno español en «ninguna competencia» de las administraciones territoriales. Más dura es la respuesta de Juntos, que tilda el informe de «acto de manipulación partidista». La amnistía, para la formación, «se ajusta a la Constitución española, que otorga en el Estado la competencia exclusiva sobre materias penales»; hecho que encaja con el cierre de «persecuciones políticas injustificadas» como las que sufren los encausados y exiliados del independentismo.
Uso «partidista» del Senado
Por su parte, los socialistas también se opondrán a la mayoría conservadora con un voto particular que no solo defiende la amnistía, sino que sirve para reprochar un uso «partidista» de las instituciones por parte del PP. Según el posicionamiento del PSOE, la negativa popular entra en «flagrante contradicción» con trámites anteriores, como por ejemplo el de la LOMCE o la ley de la vivienda, que sí que tenían efectos sobre las competencias de los gobiernos territoriales. A ojos del partido del gobierno español, la amnistía sirve para «volver al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad».
