La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han criticado el Estado este lunes después de la resolución del Tribunal Supremo en la cual mantiene las inhabilitaciones de Jordi Turull, Junqueras, Bassa y Romeva y deja en papel mojado la reforma de la malversación del Código Penal impulsada por Esquerra Republicana. A pesar de que las dos entidades han mostrado su indignación por la resolución del Supremo, cada una lo ha hecho a su manera.
El ANC, contra la reforma del Código Penal
La ANC ha criticado la reforma del Código Penal impulsada por los republicanos y consideran que «solo ha servido para incrementar la represión contra el independentismo». «De nada sirve pactar con quién vulnera persistentemente todos nuestros derechos», asegura la entidad presidida por Dolors Feliu en un tuit. De esta forma ha pedido que no se hagan más pactos con el Estado, enviando otro claro mensaje a los republicanos. «Jefe más pacto con España para encarcelarnos», ha reivindicado.
Òmnium asegura que irán a Europa
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha enviado un mensaje mucho más directo hacia el Estado español: «El Estado español continúa tildando de violencia el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, mientras renuncia a la democracia», ha dicho Antich a su perfil de Twitter. Así mismo, ha asegurado que del «TS no hemos esperado nada» y ha avisado el Estado que la «lucha continúa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Por su parte, el secretario general de Junts por Cataluña, Jordi Turull, ha acusado el Supremo de utilizar la reforma del Código Penal para «criminalizar el Primero de Octubre» y ha mostrado su preocupación por las personas que todavía están encausadas por el Primero de Octubre. En cambio, los republicanos han sacado pecho de la reforma del Código Penal y han asegurado que celebran que «caigan las penas por la derogación del delito de sedición». «El Supremo reconoce abiertamente que se ha despenalizado cualquier proceso independentista no violento», ha dicho la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien también ha acusado «de arbitrariedad» al Tribunal Supremo para mantener las inhabilitaciones a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.
