La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovechado su participación a la 2023 ‘Warsaw Human Dimension Conference’ de la Organización por la Seguridad y Cooperación a Europa (OSCE) para denunciar la «criminalización» que vive el movimiento independentismo catalán por parte de las instituciones españolas. A pesar de que hace poco el gobierno español solicitó a la Europol que retirara el contenido incriminatorio del informe que habían emitido categorizando el independentismo de terrorismo, un informe elaborado a partir de informaciones que el mismo Estado había propiciado, desde la ANC consideran que la «criminalización» y «el uso de la justicia como herramienta de represión» siguen vigentes.
En este sentido, desde la entidad han hecho un llamamiento a las instituciones de la OSCE para que hagan un «toque de atención» a las autoridades españolas: «Pedimos que se tomen las medidas necesarias para el respeto de los derechos humanos de los activistas catalanes». Desde la Asamblea también denuncian que «la práctica de utilizar acusaciones falsas para reprimir el independentismo catalán ha sido muy utilizada por las autoridades españolas desde el 2017». Una práctica que, según aseguran, ha desencadenado con represalias contra más de 1.400 activistas y representantes electos, incluyendo el encarcelamiento de nueve líderes políticos y sociales del movimiento a raíz del referéndum del 1-O. «Estas violaciones de los derechos humanos han sido denunciadas por varios relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, por el Grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria y por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa», espetan desde la ANC, pidiendo un nuevo toque de atención a España.
El caso de los CDR
En esta conferencia internacional, la Asamblea ha querido ejemplificar la represión y persecución del movimiento independentista de Cataluña con «el caso de los CDR». El secretario nacional del ANC, Jordi Vilanova, ha expuesto que una docena de CDR han sido «acusados falsamente» de terrorismo. «Un total de 12 miembros de los CDR han sido procesados y están pendientes de juicio, y algunos de ellos pasaron entre tres y cuatro meses en prisión preventiva antes de ser puestos en libertad porque no tenían pruebas», exprés. Para Vilanova, la perpetuidad de este tipo de actuaciones de España «tienen un efecto aterrador general sobre los activistas catalanes, creando un entorno donde las personas tienen miedo de ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, y su derecho a la libertad de asamblea y asociación pacífica”.
