La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘Fora Renfe‘, un movimiento impulsado por Alhora, ha registrado este miércoles en el Parlamento de Cataluña la solicitud de admisión a trámite de una proposición de ley para expulsar a Renfe de la gestión de Rodalies y los servicios regionales del país. La iniciativa pretende obligar por vía legislativa a que el Gobierno solo pueda adjudicar la red a un operador público de titularidad íntegramente catalana, desmantelando el actual marco de colaboración con el estado. El presidente de Alhora, Jordi Graupera, ha reunido a unas 500 personas, según el partido, en la plaza de Joan Fiveller, donde, antes de registrar la ILP, ha manifestado que «hoy damos un primer paso para expulsar a Renfe de Cataluña».
La propuesta impulsada por la formación independentista propone modificar la Ley 4/2006 ferroviaria. El texto fija condiciones: el ejecutivo catalán solo podrá encargar el servicio de manera directa a una empresa pública donde la Generalitat ostente como mínimo las cuatro quintas partes del consejo de administración. Paralelamente, la iniciativa aprovecha la reforma legislativa para blindar y reforzar las garantías de los derechos de los usuarios, con una atención especial al cumplimiento de los derechos lingüísticos. «La ley es fantástica, no tiene agujeros, pero para que la aprueben tendremos que hacer mucha presión y convertir esto en una cuestión de debate público y conseguir que ningún partido catalán se pueda presentar a las elecciones si antes no ha dicho que Rodalies sea gestionado por la Generalitat», ha remarcado Graupera.
El escollo del contrato programa de Illa y la crítica al «falso traspaso»
Esta ofensiva parlamentaria llega en un momento de alta tensión política por la gestión de la red. El pasado 27 de octubre, el Gobierno de Salvador Illa formalizó el primer contrato programa de Rodalies y Regionales con Renfe por un importe de 1.407,6 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2028. Una adjudicación hecha a dedo, sin concurso público, a pesar de que la normativa europea abre la puerta a que el ejecutivo catalán pueda encomendar el servicio directamente a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La ILP busca precisamente cortar de raíz el margen de discrecionalidad del ejecutivo de turno y fijar esta obligación por ley. «Es necesario evitar que la empresa mixta firme un contrato con la Generalitat», ha advertido Graupera.
El movimiento Fora Renfe desmonta también la arquitectura de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, constituida en enero de 2026 fruto del acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana y el PSOE. A pesar de que la Generalitat cuenta con mayoría en el consejo de administración, Renfe retiene el 50,1% de la propiedad y el consejero delegado mantiene la coordinación ejecutiva del operador estatal en Cataluña. Además, Graupera ha destacado que las decisiones críticas exigen una mayoría de dos tercios que mantiene operativo el derecho de veto en manos del gobierno español. «Es un falso traspaso pensado para evitar un verdadero traspaso porque continúan con Renfe, con el control del Estado y con el colapso de la red de Rodalies», sentencia de manera contundente el presidente de Alhora, Jordi Graupera.
Un movimiento nacido del colapso de 2026
El nacimiento de la plataforma tiene su origen en el colapso del servicio de Rodalies registrado en enero de 2026 a raíz del accidente en Gelida, donde murió un maquinista en prácticas. Desde entonces, la protesta se ha canalizado digitalmente: su manifiesto suma ya más de 37.000 adhesiones en la web del movimiento, mientras que en una consulta celebrada en febrero en su canal de Telegram, el 88% de los más de 5.400 participantes votó a favor de llevar una ILP a la cámara catalana. La comunidad, que roza los 7.000 suscriptores en la plataforma de mensajería, será la estructura base para la recogida de apoyos en la calle, ya que la formación quiere aprovechar la iniciativa para ir a los barrios del país para explicar a la ciudadanía su iniciativa y su proyecto. Con la solicitud ya depositada en el registro, el calendario institucional comienza a correr. La Mesa del Parlamento dispone ahora de un plazo de quince días hábiles para decidir si admite a trámite la proposición de ley. Si supera el primer filtro de la Mesa, la comisión promotora tendrá 120 días –prorrogables a 60 más– para recoger las 50.000 firmas de ciudadanos acreditados que exige la normativa para que el texto se debata y se vote en el pleno del Parlamento.
