La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Fuera Renfe’, impulsada por Alhora, registrará este miércoles, 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, la solicitud de admisión a trámite de una proposición de ley en el Parlamento de Cataluña para que Renfe deje de operar en Rodalies. La iniciativa, que surge del colapso ferroviario de enero y de una consulta en la que el 88% de los participantes apoyó llevar la propuesta a la cámara catalana, busca blindar por ley que el operador sea 100% de titularidad pública catalana.
El texto de la ILP plantea modificar la Ley 4/2006 ferroviaria para que el Gobierno solo pueda adjudicar directamente los servicios de Rodalies y regionales a un operador público de titularidad exclusiva de la Generalitat. Además, exige que la administración catalana controle al menos las cuatro quintas partes del consejo de administración del organismo y refuerza las garantías de los derechos de los usuarios, incluyendo los aspectos lingüísticos y de defensa ante infracciones. El presidente del partido, Jordi Graupera, ha subrayado a El Món que la propuesta requiere «crear una nueva empresa o que lo gestione Ferrocarrils de la Generalitat».
Esta maniobra legislativa responde a la reciente formalización, por parte del Gobierno de Salvador Illa, del primer contrato programa con Renfe por valor de 1.407,6 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2028, un acuerdo que, según denuncia la formación independentista, se ha hecho «a dedo» y sin concurso público. Desde la formación independentista denuncian que la empresa mixta Rodalies de Catalunya –constituida en enero a raíz del pacto entre ERC y el PSOE con una participación del 50,1% para Renfe y del 49,9% para la Generalitat– es una «empresa pantalla» diseñada para aparentar un control que el Gobierno realmente no tiene y eludir así la normativa europea. En este sentido, Graupera remarca a este diario que, aunque la Generalitat tiene mayoría en el consejo de administración, las decisiones críticas exigen una mayoría de dos tercios que mantiene operativo el derecho de veto en manos del gobierno español.
Críticas al «falso traspaso»
El presidente de Alhora, Jordi Graupera, ha calificado la operación de un «falso traspaso pensado para evitar un verdadero traspaso». Según Graupera, el Estado mantiene la propiedad mayoritaria y se utiliza una estructura con un único titular para simular que se cumple la excepción del reglamento europeo de transportes, el cual obligará a concurso público una vez expire el antiguo contrato estatal en 2027, firmado en el año 2018. «Es un contrato ilegal», subraya Graupera en conversación con El Món. Asimismo, el cabeza de lista de la formación para el 29-N ha avanzado que exigirán que se haga pública la justificación que el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea para blanquear este contrato sin concurso.
La campaña de ‘Fuera Renfe’, impulsada a raíz de la crisis del servicio del pasado mes de enero debido al accidente mortal en Gelida, acumula ya más de 37.000 adhesiones a su manifiesto y ha movilizado más de 150.000 correos electrónicos dirigidos a la comisión de infraestructuras. «Rodalies es una catástrofe para la vida de los catalanes. Si el Gobierno no expulsa a Renfe, lo haremos con esta ILP», ha sentenciado Graupera.
El calendario parlamentario de la iniciativa
Una vez formalizado el registro de este miércoles frente al Parlamento, la Mesa dispondrá de quince días hábiles para comprobar los requisitos formales y admitir a trámite la proposición. Si supera este primer corte, la comisión promotora contará con un plazo de 120 días –prorrogables por 60 más– para recoger un mínimo de 50.000 firmas con el apoyo de la red de voluntarios reunida en torno a la plataforma. Una vez validadas las rúbricas, la proposición deberá ser debatida en el pleno del Parlamento.
