Nuevo curso político, nueva dimensión. Aunque esta dimensión sea, básicamente, simbólica. Sea como sea, este martes Cataluña tendrá una imagen inédita de la serie política catalana: la visita del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, al presidente Carles Puigdemont, en Bruselas, donde el líder de Junts lleva casi ocho años en el exilio. Una visita que equivaldrá a cortar la cinta del nuevo curso político a diez días de la Diada. Con una situación política tensa, sobre todo en Madrid pero con derivadas en Cataluña, como la inminente negociación formal de los presupuestos, las primeras cuentas públicas del gobierno Illa después del fiasco de 2025.
De hecho, Puigdemont, en su conferencia en la Universidad Catalana de Verano (UCE), el pasado 19 de agosto, anunciaba que el nuevo curso político sería «intenso». “En otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, ya hemos dado suficiente tiempo”, advirtió. Sin embargo, evitó “especular” sobre “qué pasaría” y precisar algún plazo. El anuncio del encuentro da contenido a la advertencia del líder de Junts.
El cálculo político que supone el encuentro es de manual. Comenzar el curso con una jugada que interesa tanto a Palau y Puigdemont como, sobre todo, a la Moncloa, que ve en Illa una persona de máxima confianza para hacer de emisario en condiciones duras y más después de que uno de los negociadores del pacto de Bruselas, Santos Cerdán, haya acabado en prisión acusado de delitos de corrupción. La reunión se celebrará el mismo día que el ejecutivo aprobará el techo de gasto, una condición imprescindible para poner en marcha el reloj de la negociación presupuestaria.
Un enviado especial
El anuncio de la cumbre se ha hecho a las ocho de la mañana, justo una hora antes de la entrevista institucional al presidente emitida en los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Toda una operativa se ha puesto en marcha con un argumentario de lata previsto para defender un encuentro que Junts lleva tiempo reivindicando. Illa ha procurado dejar claro que defiende la amnistía como una «decisión acertada» y que ha servido para mejorar la situación política tanto en Cataluña como en España.
En este contexto y, sobre todo, con la previa de que el Tribunal Constitucional ya ha dado el visto bueno a la ley del olvido penal para el independentismo, Illa se ha jactado de haber tenido la iniciativa de organizar el encuentro. De hecho, ha evitado implicar Pedro Sánchez en la gestión de la cumbre. «He hablado con quien debía hablar», ha asegurado recordando que la decisión de celebrar el encuentro solo le corresponde a él como presidente.
Ahora bien, fuentes conocedoras de la organización de la reunión matizan este relato. En primer término, Junts había advertido de la activación de la cuenta atrás sobre los acuerdos del pacto de Bruselas, como un compromiso firme con la amnistía o el catalán en Europa, además de derivadas concretas como las competencias en inmigración que aún duermen el sueño de los justos. Por eso, Sánchez ha confiado en Illa, que le ha servido de lugarteniente en crisis de primer orden, sobre todo después de la crisis de la Covid, como ser el candidato a la presidencia de la Generalitat o ser la primera persona en reunirse con urgencia, el pasado 20 de junio, cuando se destapó la crisis de Santos Cerdán en el marco del caso Koldo. Un encuentro que levantó todo tipo de suspicacias.
Radical o razonable
Siguiendo este hilo, el encuentro también responde al hecho de que Junts ha elevado el tono de la negociación con el PSOE. Un incremento de las exigencias que llega después de la incorporación de nuevos miembros a la dirección de la formación que consideraban que los de Junts no sacaban suficiente provecho de los siete diputados de Madrid y de la dependencia de Sánchez respecto del grupo que comanda Míriam Nogueras. De ahí que miembros del núcleo de Junts consideren «razonable» exigir resultados plausibles y otros consideren que se debía llegar a estas alturas a posturas más «radicales».
De ahí que Junts optara por reclamar «una amnistía política» para Puigdemont, que exigiría celebrar una reunión con Pedro Sánchez y no dejar la evolución de las negociaciones a José Luis Rodríguez Zapatero, que ya comienza a ser asediado por varias informaciones sobre su relación con Venezuela y China. Por eso, la Moncloa ha respondido con un gesto concreto con Salvador Illa de mensajero, teniendo presentes tres cuestiones, principalmente.
En primer término, el hecho de que el presidente se desplace al exilio y afirme que le habría gustado celebrar el encuentro en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En segundo lugar, la confianza que Sánchez deposita en Illa y la necesidad que tiene la Moncloa de aprobar presupuestos y garantizar un mínimo de apoyo parlamentario en un asedio judicial constante contra su entorno más inmediato y contra el PSOE. Y también el equilibrio interno entre el PSOE y el PSC, dado que los socialistas catalanes recuerdan –agradecidos– cómo Sánchez se negó a interceder en favor de Puigdemont para conservar la alianza en el Congreso cuando, después de las elecciones del Parlamento de mayo de 2024, Junts aspiraba a una abstención de los socialistas para poder hacer presidente a su líder.
Puigdemont, Junqueras y los presupuestos
El anuncio del encuentro también ha permitido un guiño a los de Junts por parte del presidente Illa, ya que se ha mostrado «encantado» de tener las competencias en inmigración –una petición de Junts para la Generalitat que sectores de la izquierda española como Podemos han atacado duramente– y ha asegurado que calcula que en unos meses el catalán será oficial en Europa. Es decir, dos medidas de las que Junts ha hecho bandera en el último año de legislatura y que, en algún momento, han bloqueado la actuación legislativa de la Moncloa, aunque solo fuera temporalmente. La advertencia de Junts, pues, ha tenido como respuesta la reacción inmediata de la Moncloa con un encuentro al más alto nivel institucional de Cataluña, entre el presidente y el presidente en el exilio, que, a estas alturas, también preside la formación que lidera la oposición en el Parlamento.
La cumbre también debe insertarse en la insistencia de ERC en condicionar la negociación de los presupuestos. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha vuelto a insistir esta mañana en una entrevista en la SER que no habrá negociación de presupuestos de la Generalitat para 2026 hasta que no se resuelva la financiación. «No habrá nuevos presupuestos mientras no haya un buen modelo de financiación», ha remarcado, insistiendo en el aviso que emitió desde su conferencia en la UCE el pasado 18 de agosto. En este paquete, Junqueras ha avanzado que su partido tiene previsto presentar públicamente el próximo lunes su propuesta de financiación para llevarla al Congreso.
La idea de Junqueras llega justo un día antes de que el consejo ejecutivo apruebe el techo de gasto. Una medida indispensable para iniciar la negociación de los presupuestos, que Illa aspira a aprobar con ERC y los Comunes. De hecho, los Comunes han celebrado la reunión anunciada entre Illa y Puigdemont y la han valorado «positivamente». La co-coordinadora nacional del partido, Candela López, la ha enmarcado en los avances en la «normalización política», siguiendo el relato del Gobierno y del PSC, que, a través de su portavoz, Lluïsa Moret, también presentaba la reunión como un adobo a la política de «normalización institucional». Hacia el lado de ERC, Illa que ha defendido a capa y espada el cambio de financiación durante la entrevista de esta mañana, para calmar los ánimos de los republicanos, una vez ha neutralizado temporalmente la «intensidad» que Puigdemont preveía en Prada para el inicio de este curso político.
