La Generalitat tiene doce pactos nacionales en diferentes ámbitos como la industria, la movilidad, la transición ecológica, la lengua o la salud mental, entre otros, pero el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha detallado en una respuesta por escrito publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña que hay nueve que no tienen un presupuesto asociado o asignado. Concretamente, son el Acuerdo Nacional para la Agenda 2030 en Cataluña, el Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña, el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible 2021-2030, el Pacto Nacional de la Alimentación de Cataluña, el Pacto Nacional para la Sociedad Digital, el Pacto Nacional de la Actividad Física y del Deporte en Cataluña, el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, el Pacto para la Infancia en Cataluña y el Pacto Nacional por los derechos de las personas con discapacidad. En definitiva, el 75% de los pactos nacionales que dependen de la Generalitat en la actualidad no disponen de ninguna partida presupuestaria concreta.
El Pacto Nacional para la Industria (PNI) 2022-2025, que depende del Departamento de Empresa y Trabajo, es uno de los tres que sí dispone de un presupuesto asociado. En concreto, 2.817 millones de euros que, según detalla Dalmau, «pueden llegar a 3.270 millones de euros si se tienen en cuenta fondos europeos que en el momento de firmar el Pacto eran inciertos». De hecho, recientemente el consejero Miquel Sàmper explicó que el PNI ha conseguido una ejecución presupuestaria de 672,4 millones de euros en el año 2024, lo que representa un 102,9% de la cantidad prevista. Pero este acuerdo programático para transformar el modelo industrial en Cataluña, relanzar la economía productiva, aumentar el peso de la industria en la estructura económica, promover una industria más digitalizada, innovadora, sostenible y generadora de empleo de calidad, y otorgar un marco de estabilidad temporal a la política industrial está llegando a su fin, ya que vence este año, y el Gobierno está preparando una nueva hoja de ruta para los próximos cinco ejercicios, 2026-2030. El ejecutivo de Salvador Illa trabaja con la intención de que el documento pueda aprobarse antes de finales de año y que en enero se haga la firma formal con los agentes sociales.
El segundo pacto nacional que cuenta con un presupuesto concreto de los once que dependen actualmente de la Generalitat es el Pacto Nacional por la Lengua, que se aprobó el pasado 20 de mayo y dibuja una hoja de ruta hasta el 2030. Una hoja de ruta que, según manifestaron expertos consultados por El Món, se queda corta. Presentado de forma solemne en el Instituto de Estudios Catalanes, dispone de un presupuesto inicial de 255 millones de euros y el Gobierno de Salvador Illa se comprometió a dotarlo anualmente de un mínimo de 200 millones. En el pacto, que se estructura en 21 ámbitos de actuación que se revisarán cada año, constan 84 medidas sin partida presupuestaria y, por otro lado, hay 145 de propuestas que se cubrirán con «recursos internos», pero no se especifican cantidades. Es decir, con dinero de cada departamento. El tercer y último pacto nacional que cuenta con una partida concreta es el de la Salud Mental, que depende de Presidencia y cuenta con una partida presupuestaria de 10 millones de euros.
Los dos pactos nacionales sin «presupuesto asociado» que dependen de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica es responsable del Acuerdo Nacional para la Agenda 2030 en Cataluña y el Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña, dos de los nuevos pactos que no tienen «presupuesto asociado». El primero se aprobó el 18 de febrero de 2020, con Quim Torra como presidente de la Generalitat, y, posteriormente, el 21 de febrero, se creó la Alianza Cataluña 2030, pero el consejero de la Presidencia detalla que «no tiene presupuesto asociado». La constitución de este organismo, que dispone de un grupo motor que redactó el acuerdo, responde al mandato del Parlamento de Cataluña para impulsar una alianza de actores públicos y privados que contribuyan a la localización en Cataluña de los ODS mediante compromisos concretos.
En su inicio contó con una treintena de entidades adheridas, pero durante estos cinco años ya se han adherido 92 organizaciones públicas y privadas. Todas se han comprometido formalmente a trabajar para alcanzar los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que incluyen metas como erradicar la pobreza y las desigualdades, garantizar una vida saludable, segura y pacífica, defender la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género y proteger el medio ambiente, enfrentar el cambio climático, desarrollar economías dinámicas e inclusivas y garantizar el trabajo digno para todos. De hecho, el pasado 4 de julio se incorporaron cuatro nuevos miembros: el Hospital Clínic de Barcelona, el Banco de Sangre y Tejidos, Creación Positiva y la Asociación Sostenibilidad, Educación y Salud (ASES).
Por otro lado, el Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña se puso en marcha en enero de 2017, antes del referéndum del Primero de Octubre. Es decir, con Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat y con Jordi Baiget como consejero. Está tutelado por tres organismos: el Consejo Asesor para la Transición Energética, Comité Coordinador del Pacto Nacional para la Transición Energética y Mesa para la Transición Energética de Cataluña, que es el órgano participativo de toda la sociedad civil. Aun así, este pacto tampoco cuenta con una partida de dinero asociada. De hecho, la hoja de ruta y el calendario de este plan, según la web oficial de la Generalitat, no se actualiza desde enero de 2017.
Pactos nacionales que no se actualizan desde hace años
El Gobierno, con Pere Aragonès ejerciendo las funciones de presidente tras la inhabilitación de Torra, aprobó en enero de 2021 el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible 2021-2030, que depende del Departamento de Interior y Seguridad Pública y plantea, entre otros, reducir a la mitad las víctimas mortales por accidente en el año 2030 y a cero en 2050, la promoción de una movilidad más sostenible, saludable, conectada y autónoma y la mejora de la calidad del aire. Este plan, que cuenta con una setentena de entes locales y entidades adheridas, está bajo el seguimiento de la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Seguridad Vial (CIMSV) y la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial (CCTSV), pero «no tiene presupuesto específicamente asignado». De hecho, según la web oficial del Pacto, las últimas actuaciones se realizaron durante el año 2023 cuando se convocaron varias sesiones participativas en relación con los ejes y temáticas con el objetivo de avanzar hacia la consecución de los objetivos del Pacto. Además, como en el caso anterior, la web no se actualiza desde mediados de 2023.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación presentó en diciembre de 2020, con Teresa Jordà de consejera, el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña, un proyecto vigente hasta 2026 y que nació con cuatro ejes centrales –sostenibilidad, arraigo al territorio, trato justo y equitativo y hábitos alimentarios saludables– para poner en relieve la necesidad de disponer de una política alimentaria de país «única y compartida». Este plan tampoco «tiene presupuesto asociado» y, de hecho, la fecha de la última actualización de la web oficial es de julio de 2022.
El Gobierno ya piensa en un plan nuevo
De hecho, el actual ejecutivo impulsó el pasado mes de enero la Estrategia alimentaria de Cataluña 2025-2028 y ya enterró el plan aún vigente. «La Estrategia alimentaria de Cataluña 2025-2028 no solo marca el camino hacia un sistema alimentario sostenible e inclusivo, sino que también sienta las bases del futuro Pacto Nacional de la Alimentación de Cataluña, un acuerdo de país que garantizará la coherencia y la alineación de las políticas públicas a largo plazo», subrayó entonces el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. El Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, aprobado en enero de 2019, tampoco dispone de presupuesto asociado, pero sigue activo. El pasado 5 de febrero se volvió a reunir la Comisión de Seguimiento del Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento y la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, presidió la comisión por primera vez. Una comisión que no se reunía desde diciembre de 2023.
Pactos nacionales previos al referéndum del Primero de Octubre
Aparte del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña que se puso en marcha en enero de 2017, hay dos pactos más que también son previos al referéndum del Primero de Octubre. Es el caso del Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que se firmó el 24 de octubre de 2016 con cinco grandes ámbitos de actuación: territorio Inteligente, administración digital, internet industrial, estrategia de infraestructuras y ciberseguridad y en el resumen presentado en mayo de 2017 se preveía un presupuesto estimado de 600 millones de euros entre 2017-2023. Sin embargo, el Gobierno, a través de la respuesta que ha ofrecido el consejero de la Presidencia, expone que este plan actualmente «no tiene presupuesto asociado» y, de hecho, el espacio web en el portal de la Generalitat no se actualiza desde septiembre de 2021.
Otro que también es previo al 1-O y a la aplicación del 155 por parte del Estado Español es el Pacto Nacional de la Actividad Física y del Deporte en Cataluña, que se firmó en septiembre de 2017 junto con entidades, clubes, consejos deportivos, federaciones y colegios profesionales en un acto en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Este pacto incluía 30 medidas con 112 acciones concretas de acción para construir la nueva gobernanza de la actividad física y el deporte en Cataluña, pero no disponía de un presupuesto asociado en el momento de su creación y tampoco lo tiene ahora. El Pacto para la Infancia en Cataluña, aprobado en 2013, tampoco tiene un presupuesto asociado.
