La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, se suma a la estrategia de presión del Gobierno a Esquerra Republicana de Catalunya para que accedan a sacar adelante el trámite presupuestario. Por ahora, cabe recordar, el proceso de aprobación de las cuentas está en entredicho, ya que pesa sobre el proyecto una enmienda a la totalidad de ERC que deberá dirimirse el próximo viernes en el Parlamento de Cataluña. En una comparecencia para presentar la liquidación presupuestaria del ejercicio 2025, Romero ha insistido en que conserva el «optimismo» sobre un acuerdo con sus socios de investidura. «Me parecería extraño que después de 18 meses de confianza con Esquerra, no se comiencen a tramitar unos presupuestos que tienen tanto margen de negociación», ha declarado la dirigente. En este sentido, ha asegurado que no contempla la posibilidad de retirar la ley de cuentas para evitar la posible derrota en el Parlamento.
Aun así, no ha detallado ningún avance en las conversaciones con los republicanos, más allá de recordar las necesidades de la administración catalana. En este sentido, ha seguido el camino ya marcado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, a la hora de «llamar a la responsabilidad» de los republicanos en un contexto «de incertidumbre global». «Esperamos que el presupuesto salga adelante. El viernes no se acaba nada», ha remachado. Entre otras cuestiones, Romero ha descartado cualquier paso adelante específico en la recaudación del IRPF, la principal reclamación del partido de Oriol Junqueres. Según la consejera, la cesión del impuesto ya está «garantizada» en el acuerdo bilateral de julio de 2025 con el gobierno español, que contemplaba emprender las reformas legales necesarias para traspasar. «No hay mejor garantía que esta», ha añadido.
«Tensiones para los pagos»
Más allá del contexto internacional en que se encuentra la Generalitat a la hora de poner en marcha los presupuestos, Romero también ha indicado que el estado financiero mismo de la administración sufriría si no hay consenso en el Parlamento. Según las previsiones del ejecutivo, las cuentas deberían estar vigentes el 24 de abril de este año. En tal caso, podrían «hacer frente a sus obligaciones», como el pago de nóminas de los trabajadores públicos, con normalidad. Ahora bien, si no se llegan a aprobar en este plazo, «la situación se complicaría». «Habría dificultades para hacer algunos pagos», ha indicado Romero; en tanto que no habría margen para emular la fórmula de 2025 y aprobar un suplemento de crédito para afrontar los gastos inmediatos. «En 2025 aprobamos el primer suplemento en el mes de febrero. Ahora estamos en marzo y no tenemos ni suplemento, ni presupuestos», ha recordado. Aun así, se ha mantenido en el calendario del ejecutivo: «el plan A es aprobar los presupuestos y el Z también».
En caso de que Palau tenga que optar por un nuevo plan de suplementos de crédito, según Romero, las administraciones catalanas tendrían un agujero de 1.500 millones de euros respecto de los cálculos de gasto presentados hace dos semanas con las cuentas de la Generalitat. Los nuevos presupuestos, ha recordado, añaden 9.126 millones respecto de los últimos aprobados, los del año 2023. Por el alcance de una estrategia como la de la ampliación del crédito, de este monto se podrían llegar a movilizar unos 7.600 millones de euros, pero «se perderían unos 1.500 millones», que no se podrían dedicar a ninguna acción de gobierno.
Superávit corriente
En cuanto a la liquidación del ejercicio 2025, Romero ha destacado el superávit corriente -la diferencia positiva entre ingresos y gastos corrientes de la Generalitat- que han registrado, con un margen de unos 549 millones de euros. Se trata de un diferencial favorable unos 170 millones de euros por encima de lo que comunicaron para 2024; un monto que fundamenta el aumento de las inversiones previsto para los próximos meses. También ha reivindicado el nivel de ejecución presupuestaria de los departamentos del Gobierno, que ha superado el 97%, la práctica totalidad de los recursos asignados.
En cuanto a los ingresos, la Generalitat ha superado los 6.000 millones de euros recaudados en impuestos propios y cedidos, aproximadamente un 10% más que el año anterior. Los dos tipos más activos han sido el de transmisiones patrimoniales y el de patrimonio, que reflejan «el buen rendimiento del sector de la construcción» en Cataluña. Los recursos provenientes del impuesto de patrimonio, de hecho, han crecido más de un 17%, cerca del doble de la media de todos los tipos que controla el Gobierno.
