La consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha cesado a la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Isabel Carrasco, nombrada hace solo seis meses y también ha prescindido de su subdirector, Joan Mayoral, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado El Món. La vinculación de Carrasco con este organismo se remonta al año 1998, cuando comenzó a trabajar en la delegación de Tarragona. En el año 2016, la hasta hoy directora del organismo ascendió a jefa del servicio y fue la responsable de la implementación del programa piloto Barnahus para abordar la violencia sexual contra menores en la demarcación tarraconense, un proyecto que se ha terminado desplegando en toda Cataluña. Mayoral, por su parte, asumió el cargo de subdirector en 2024 después de haberlo ocupado ya entre los años 2007 y 2018.
El Gobierno de Salvador Illa aprovechará el Consejo Ejecutivo de este martes para nombrar a la nueva persona que estará al frente de la DGAIA, que se encarga de tutelar a casi 20.000 menores de edad. Fuentes del Departamento desvinculan esta decisión de cualquier mala gestión al frente del organismo. También niegan que tenga nada que ver con la emisión de «Fora de joc» del programa 30 minuts de TV3, que abordaba la situación de los menores no acompañados en Cataluña una vez alcanzan la mayoría de edad y se relataban las dificultades que encontraban para obtener todos los permisos una vez cumplían la mayoría de edad y abandonaban los centros. También han negado que los dos ceses tengan relación con el desorden contable que detectó la Sindicatura de Cuentas. «Se les comunicó hace tiempo», han manifestado las fuentes consultadas.
Un informe contundente
El informe de la Sindicatura de Cuentas apuntaba responsabilidades de la dirección administrativa y política por las irregularidades detectadas entre los años 2016 y 2020. Además, reprochaba conductas fuera de normativa, y subrayaba que en los centros de la muestra el gasto reconocido por la DGAIA había sido superior al gasto contratado en 774.283 euros, el ejercicio 2016; en 5,26 millones, el 2017 y en 11,80, el 2018. La Sindicatura, después de analizar estos datos, llegó a la conclusión de que había una sobrefacturación que «no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto». La auditoría, además, indicaba que había habido desorden contable en las prórrogas de los contratos, en las “acreditaciones” de las entidades contratadas o la falta de referencia de precios y costos.
El desorden detectado en la DGAIA por la Sindicatura abrió una disputa política entre Junts per Catalunya y ERC después de que los republicanos se unieran a PSC y Comuns para tumbar una propuesta de los juntaires que pedía al Parlamento asumir el contenido y instaba al Ejecutivo de Illa a seguir las recomendaciones que hacía Sindicatura en el informe. Esta negativa llevó a que los juntaires solicitaran la comparecencia de Ricard Calvo i Pla, como exdirector general de la DGAIA, del exconsejero Chakir El Homrani; el exsecretario general de Asuntos Sociales, Oriol Amorós y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta. Aun así, Junts votó junto con PSC, ERC y Comuns para oponerse a la comparecencia que reclamaba Aliança Catalana para que la consejera Mónica Martínez Bravo diera explicaciones sobre las irregularidades en el funcionamiento de la DGAIA.
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