El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene la confianza en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, a pesar de que el exalcalde de Esparreguera está investigado por un juez de Martorell por presuntas irregularidades en contratos del ayuntamiento del municipio del Baix Llobregat con la Fundación para la Inclusión Social (FIL), una entidad local que trabaja con discapacitados. Fuentes de la Presidencia han señalado a El Món que el jefe del ejecutivo mantiene la «plena confianza» en Rivas ante las informaciones aparecidas esta mañana.
Las mismas fuentes dejan claro que Rivas es el primer interesado en que se aclare la investigación lo antes posible y, ante la información que ha avanzado este martes El Periódico, remarcan que tiene plena disposición en colaborar con la justicia en todo lo que sea necesario. De hecho, Eduard Rivas se presentó con un abogado ante el juez que instruye el caso para conocer su situación procesal después de que los Mossos d’Esquadra le incautaron el teléfono el pasado 15 de enero en cumplimiento de la orden judicial dictada por el magistrado, que también requirió información al consistorio de los años 2022, 2023 y 2024.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Esparreguera manifestó que los servicios municipales y el personal funcionario estaban «cooperando con las autoridades judiciales y policiales, facilitando toda la documentación solicitada y garantizando el correcto desarrollo de las diligencias». El juez de Martorell investiga los contratos del consistorio de Esparreguera con la entidad local que trabaja con personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Según la información avanzada este martes, parte del dinero procedente de contratos públicos terminó supuestamente costeando gastos privados de particulares vinculados a esta entidad local. El consistorio ha mostrado este martes respeto y colaboración con la investigación, pero ha reivindicado la presunción de inocencia.
Tres detenidos en 2025
Los Mossos d’Esquadra detuvieron en febrero de 2025 a tres personas, que no ostentaban ningún cargo público, por presunto desvío de fondos públicos de la fundación local del municipio del Baix Llobregat, ya que parte de los dineros que recibía la Fundación de Inserción Laboral habrían costeado gastos de carácter privado.
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