El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y su Gobierno quieren dejar claro que están comprometidos con el cumplimiento de los acuerdos de investidura suscritos con Esquerra Republicana y los Comuns, la mayoría parlamentaria preferente para el ejecutivo, y los han incluido en el Plan de Gobierno de la XV legislatura, «una hoja de ruta ambiciosa» para impulsar la «tercera transformación de Cataluña». «Este plan de Gobierno y los futuros planes departamentales incorporan la totalidad de los acuerdos de investidura», subraya el ejecutivo en un plan con 260 medidas, que se aprobará en el Consell Executiu del lunes y que este mismo viernes Illa ha presentado ante unas 300 personas directivas en las I Jornadas directivas de la Generalitat. El ejecutivo, aseguran fuentes de Palau, se compromete «con el 100%» de los pactos alcanzados con Esquerra y Comuns, y defienden que «con esta cláusula queda perfectamente indicado que el Gobierno se los hace suyos». En una intervención pública en estas jornadas, el presidente ha subrayado que el ejecutivo se ha fijado el objetivo de generar «prosperidad compartida» sin alejarse del «principio de realidad, que somos un Gobierno en minoría» que debe «honrar» y cumplir los acuerdos de investidura. «Es la legislatura del refuerzo de los servicios públicos y del financiamiento singular», ha destacado Salvador Illa. El presidente de la Generalitat también ha defendido tener una «relación fluida» con el gobierno español, pero, sin embargo, ha advertido que no aceptará lecciones de otras comunidades autónomas sobre cuestiones como la inmigración o el financiamiento. «Nadie le da lecciones de solidaridad a Cataluña en ninguna materia», ha remarcado.
En el plan se establecen las cinco prioridades que Illa ya fijó en los debates de investidura y de política general: la mejora de la calidad de vida y el acceso a la vivienda, la transición energética, la equidad social, el buen gobierno, y un autogobierno efectivo y el «financiamiento singular». En efecto, según han detallado fuentes de Palau, una de las grandes «prioridades políticas» es un nuevo modelo de financiamiento «en los términos que están acordados con Esquerra». En el documento solo hay una breve referencia, donde se expone que, pero las mismas fuentes apuntan que es para «no incorporar las tres páginas del acuerdo con Esquerra que hacen referencia al «financiamiento singular». Aun así, desde Palau remarcan que «estamos trabajando y tenemos vibraciones positivas», y señalan dos citas «clave»: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que serán clave. «La vibración que nos llega es positiva y que vamos en buena dirección», insisten, y apuntan a un acuerdo de cara al próximo semestre.
Por otro lado, el Gobierno también se fija impulsar medidas para mejorar el acceso a la vivienda, uno de los puntos centrales del acuerdo con los Comuns. En este sentido, se compromete a garantizar el acceso a una vivienda «digna para todos» con la ampliación del parque público y de alquiler asequible. Como ya anunció Illa en el último debate de política general en el Parlament, el Gobierno se compromete a generar 50.000 viviendas protegidas de alquiler para el horizonte 2030 y movilizar suelo residencial para construir vivienda protegida, agilizando tramitaciones urbanísticas y la inversión público-privada. Aún en este ámbito, Illa se ha comprometido esta semana a implantar un régimen sancionador para la normativa en vivienda que, según fuentes del ejecutivo, se aprobará «durante el mes de enero». Fuentes de Palau evitan pronunciarse sobre las afectaciones que tendría en el plan la no aprobación de los presupuestos para el año 2025. Así, recuerdan que «venimos de unos pactos muy ambiciosos de investidura, donde todos hemos movido», y reiteran su compromiso en cumplirlos, pero remarcan que «no se entendería que no pudiéramos disponer de presupuestos para llevar adelante este proyecto». Sea como sea, han dejado claro que «este es el plan de ruta y seguirá siendo el plan de ruta».
El Gobierno quiere incrementar la «conectividad internacional» del Aeropuerto
En cuanto a la transición energética, el Gobierno se fija el objetivo de alcanzar un 50% de autonomía eléctrica con fuentes limpias en 2030 e impulsar un modelo de gestión sostenible del agua que minimice el impacto de la sequía para alcanzar el 70% de autonomía hídrica en 2027, entre otros, pero en este campo también se hace referencia a la Ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y del Puerto de Barcelona. El Gobierno quiere «incrementar la conectividad internacional», pero «protegiendo las áreas naturales». Es la única referencia que se hace en todo el informe, a la espera de que el Gobierno reciba «a principios de año» el informe de la comisión encargada de la ampliación del Aeropuerto del Prat. Aun así, fuentes de Palau dejan claro que esta decisión no depende del Parlamento, es decir, «no requiere» la aprobación de ERC y los Comuns para llevarla adelante. Eso sí, aprovechan para dejar claro que «aquellas cosas que requieren la aprobación del Parlamento, las trabajaremos con la mayoría de la investidura, pero sin renunciar a trabajar con otros grupos para llegar a grandes consensos de país».
En la carpeta de equidad social, el gobierno prioriza la mejora de los resultados académicos del alumnado y mejora la igualdad de oportunidades a través de la equidad educativa. Entre las medidas destacadas en educación, el ejecutivo de Illa se fija incrementar el financiamiento de las escuelas infantiles y guarderías con el objetivo de alcanzar la «gratuidad» de la etapa educativa de 0-3 años. En cuanto a la Sanidad, el Gobierno se propone reducir las listas de espera sanitarias, y también quiere habilitar que los CAP puedan atender sin cita previa, entre otros. En la carpeta de buen gobierno se quiere llevar a cabo una reforma de la administración, simplificarla y transformarla digitalmente y mejorar la seguridad ciudadana y se compromete a lograr que el año 2023 los Mossos d’Esquadra tengan una plantilla de 25.000 agentes, un acuerdo que, según explican desde Palau, se debe cerrar en las próximas reuniones de la Comisión Bilateral con el Estado español. Por otro lado, en cuanto al catalán, el ejecutivo quiere aprobar el Pacto Nacional por la Lengua y también se compromete a colaborar para lograr la plena oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias.
El plan normativo prevé cumplir con el 45% del paquete legislativo de los acuerdos de investidura
El Gobierno, por otro lado, también ha presentado el plan normativo para el año 2025 con 134 iniciativas, entre las cuales hay 30 iniciativas transformadoras del Plan de Gobierno y 16 de los acuerdos de investidura, y con el compromiso de aprobar 47 -16 anteproyectos de ley y 31 anteproyectos de decreto-, y también se comprometen a iniciar la tramitación de 87 -30 anteproyectos de ley y 57 anteproyectos de decreto-. Con todo, el Gobierno prevé cumplir el 45% de las iniciativas acordadas con ERC y Comuns para la investidura de Illa. De las 134 iniciativas previstas, el Gobierno se fija el objetivo de aprobar el 70%, y con dos años quieren pasar del 40% del ejecutivo de Pere Aragonès al 90%. Es decir, a cumplir casi con la totalidad del plan normativo, que irán fijando año tras año.
Para este año, el Gobierno considera que hay una treintena de normas que tienen mayor relevancia como «reformas transformadoras». Entre estas se encuentra el proyecto de decreto del reglamento del Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante y el Registro de grandes tenedores de vivienda. También quiere impulsar el anteproyecto de ley de simplificación de procedimientos y trámites administrativos y el de organización de la Administración de la Generalitat, el de su sector público institucional, el de ley de gobiernos locales de Cataluña y el de financiamiento local, entre otros.
