El partido de ultraderecha Vox presiona el Partido Popular para posicionarse sobre ilegalizar ERC y Junts. Los de Santiago Abascal han presentado una iniciativa en el Senado con la que fuerzan una votación, cosa que obligará en la cámara alta de resolver sobre la ilegalización que han pedido desde Vox, puesto que consideran que son formaciones que «han destruido la orden constitucional» y «apoyan al terrorismo». Se trata de una medida extrema para intentar poner bastones a las ruedas a los dos socios de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, quien ha hecho referencia a esta situación durante una intervención del debate de investidura que se está celebrando este miércoles. Ahora bien, para poder sacar adelante esta moción, la extrema derecha necesita el apoyo de los populares, puesto que sin sus votos -mayoritarios en la cámara alta- quedaría en papel mojado.
En el escrito presentado en el Senado, al cual ha tenido acceso la agencia Europa Press, Vox asegura que tanto ERC como Juntos han «vulnerado los principios democráticos» por haber incurrido «de manera grave» en el apoyo «político exprés al terrorismo» además de enaltecer la «violencia» con sus programas políticos. La extrema derecha también argumenta que se puede pedir la ilegalización de los dos partidos independentistas por sus vínculos con el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaría general de ERC, Marta Rovira, a quien acusan de apoyar a los CDR y Tsunami Democrático, dos organizaciones que los ultras tildan de terroristas. Unas afirmaciones, pero, que son una medida desesperada en respuesta a los pactos que ha llegado el independentismo catalán con el PSOE.
Defender España
Con este movimiento que presiona a los populares, que tienen mayoría en el Senado, a posicionarse respecto a la ilegalización lleva por objetivo, según los de Abascal, combatir «los enemigos de España»: «La defensa de España, de los españoles y del sistema democrático exigen dar un paso adelante cuando estos bienes tan preciados son atacados. El clamor de la calle exige que los representantes públicos de los españoles actúen en consecuencia y que, ante el ataque en el estado de derecho que se está perpetrando por parte del PSOE, Juntos y ERC, se dé una respuesta acorde a la legalidad», argumentan.
