La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto de la Cadena Ser hecho en Andalucía, ha abierto la puerta a extender la delegación de competencias» sobre la inmigración a otras comunidades autónomas. Montero ha añadido que «a ver hasta donde llega su alcance». La vicepresidenta primera ha dicho que se puede ver «con sentido común» esta delegación si hay otras comunidades que lo piden, como es el caso del País Vasco, que también se posicionó para ejercer estas funciones en lugar del estado central.
Montero, pero, lo ha supeditado todo a una cuestión muy concreta, que es si son «capaces de construir una gobernabilidad en ‘cogobernanza‘, y ha destacado que el acuerdo con Junts sobre la delegación de competencias de inmigración no supone la pérdida de competencia del Estado español en política migratoria.
Un acuerdo polémico
Las palabras de Montero llegan después de toda la nube de críticas que han arrastrado los pactos del gobierno español con Junts, donde se detallaban la delegación de algunas competencias en materia de inmigración. Las votaciones en el Congreso sobre los decretos anticrisis del ejecutivo socialista hicieron de azulejo donde negociar la postura de Juntos durante la votación a cambio de cesiones en la Generalitat en materia migratoria, un traspaso de competencias que no se concretará sin una futura ley.
El Partido Popular, y algunos sectores del PSOE, no ven con buenos ojos esta «delegación» y han criticado al ejecutivo de Pedro Sánchez. Borja Sémper, portavoz del PP, ha acusado, en declaraciones a RNE, al gobierno del Estado español de querer convertir la política migratoria del Estado en un «reino de taifas». Sémper ha ido más lejos y ha acusado el PSOE de ceder competencias a un partido el cual los socialistas calificaban, con anterioridad, de ‘xenófobo’.
Sémper ha acabado su intervención diciendo que «la política migratoria tiene que ser consensuada, sensata, y que tiene que ir acompañado de nuestros socios europeos» y ha mostrado su enojo ante la decisión del PSOE: «estamos radicalmente en contra de este despropósito«, ha concluido.
Quien también ha criticado el ejecutivo del gobierno del Estado español ha estado alguien de su propio partido, como es Emiliano García-Page, presidente de Castilla la Mancha, que quiere que el gobierno piense «donde lleva este laberinto y si es admisible o no que los independentistas catalanes, que son supremacistas, sino xenófobos, estén plateando que se gobierne con camisa de fuerza». García-Page ha dicho que el propósito real de Juntos es construir un estado gradualmente.
De hecho, García-Page ha acusado Juntos de ser «similar en Vox» un hecho que «preocupa desde una perspectiva progresista». El dirigente del PSOE ha ido todavía más allá, y ha calificado de inconstitucional la cesión de las competencias de inmigración en la Generalitat, puesto que «el control de las fronteras es la expresión más fundamental de la soberanía».
