El gobierno de Pedro Sánchez hace semanas que sufre consecutivas derrotas en sede parlamentaria en la hora de aprobar proposiciones o convalidar decretos esenciales. Entre las iniciativas falladas que más alboroto ha generado desde el inicio de la legislatura hay la ley del suelo, la norma que buscaba, entre otras cuestiones, mejorar la seguridad jurídica de los proyectos para los cuales es necesario un cambio en los planes urbanísticos municipales. El Partido Socialista, con el ministerio de la vivienda al frente, no consiguió articular la mayoría necesaria entre sus socios de investidura, hasta el punto que tanto Podemos como los independentistas catalanes presentaron enmiendas a la totalidad. Tampoco lo Partido Popular se avino a prestar sus votos. Para evitar los trámites que serían necesarios para relanzar el texto desde el Consejo de Ministros, Moncloa ha acordado con el Partido Nacionalista Vasco la presentación por parte de los
El nuevo texto, introducido por los nacionalistas vascos, reconoce que los instrumentos de ordenamiento territorial y urbanístico se regirán «en los términos que dispongan las normativas autonómicas»; que también informarán cualquier modificación en las mencionadas herramientas legales. Los cambios en el ámbito territorial podrían ser suficientes para atraer los partidos catalanes y vascos hacia una mayoría en la cámara, si bien la ley se mantiene lejos de las demandas del socio de coalición del PSOE, Sumar; y de Podemos. Según las izquierdas alternativas, el texto tal como está formulado «abre la puerta al
«Chantaje» urbanístico
Uno de los principales objetivos de la nueva ley del suelo, según el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es «acabar con el chantaje urbanístico». Según el departamento dirigido por Isabel Rodríguez, el marco legislativo actual abre la puerta a las «reclamaciones en masa» en materia urbanística, que acaban solucionándose con un acuerdo económico a favor del denunciante. La reforma, aseguran desde Moncloa, pretende eliminar los «claros abusos» que se producían en un marco poco definido, y ofrecer «seguridad jurídica» al planeamiento urbano para que «un error formal enmendable» no pare toda una promoción o proyecto urbano. De hecho, el nuevo texto especifica una serie de defectos de forma que sí que podrían ser constitutivos de nulidad; si bien es una compilación minoritaria. Entre otros, constan cuestiones como la aprobación de un proyecto por parte de un «órgano manifiestamente incompetente», o el desconocimiento «total y absoluto» de los procedimientos legales necesarios. Todo el resto de defectos se recogen como enmendables, y, por lo tanto, no llegarían a echar atrás una construcción.
