El Consejo de Ministros ha acordado la desclasificación de varios documentos relacionados con el espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría hecho contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa Pegasus. Así lo ha anunciado la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, después de la reunión semanal del ejecutivo de Pedro Sánchez. La decisión se produce pocos días antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare ante un juzgado de Barcelona por la querella presentada por Aragonés contra ella y el empresa israelí NSO, propietaria del programa espía. El gobierno español también ha abierto la puerta a citar a Mariano Rajoy a la comisión del Congreso que investigará la Operación Cataluña.
La declaración de Esteban se pospuso a la espera que el gobierno español desclasificara la documentación reclamada por el juez. Uno de los documentos más relevantes que saldrá a la luz es la interlocutoria del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que se encarga de las autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de los objetivos de los servicios de inteligencia españoles. Lucas fue quien dio luz verde al CNI para infectar el móvil del presidente de la Generalitat, que entonces era vicepresidente, con el programa Pegasus. Esta interlocutoria permitirá confirmar que el CNI intervino los móviles de una veintena de dirigentes independentistas, puesto que hasta ahora solo se había reconocido a puerta cerrada, durante una sesión de la comisión de secretos oficiales.
Rajoy podría ir al Congreso a hablar de la Operación Cataluña
La ministra portavoz del gobierno también ha abierto la puerta a citar a Mariano Rajoy y a otros miembros de su gobierno para que comparezcan en el Congreso para hablar de la Operación Cataluña. “No se tiene que descartar la comparecencia de varios miembros de la anterior administración del PP”, ha dicho Alegría. La ministra ha asegurado que los vínculos entre el gobierno del PP y la Operación Cataluña, muchos de los cuales han sido avanzados por este diario, son “vergonzosos” y considera que usaron todos los aparatos del Estado para “espiar sus adversarios políticos”.
Desclasificación «parcial» y sin riesgos para la seguridad nacional
La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha insistido que se trata de una desclasificación “parcial” que el ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba «para este caso concreto» y para dar cumplimiento a la solicitud del magistrado de Barcelona que investiga el caso, Santiago García. La ministra de Educación ha resaltado que la decisión es una muestra de la “máxima colaboración” de su gobierno con la Justicia y ha garantizado que los documentos desclasificados «no afectan en ningún caso a la seguridad nacional». Con todo, la desclasificación solo permitirá conocer los argumentos que el magistrado Pablo Lucas dio para autorizar el espionaje a Pere Aragonès, pero no se incluyen ni los métodos ni la documentación del CNI, que es quien ejecutó la acción.
Hace apenas un mes, tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa abrieron la puerta a desclasificar informes del CNI sobre el caso Pegasus. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que harían públicos documentos “si se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley”. Por su parte, Defensa se limitó a decir que veía “bastante probable” la desclasificación antes de la declaración de la exdirectora del CNI. Con todo, el gobierno español ha hecho un uso muy restrictivo de su potestad para revelar documentos secretos y se ha limitado a desclasificar aquellos que son absolutamente imprescindibles para cumplir con el requerimiento del juez Santiago García.
