Malestar y preocupación en la Moncloa por la decisión de Juntos de bloquear la aprobación de la ley de amnistía. El gobierno español considera “absolutamente incomprensible” hayan tumbado un texto que en gran parte habían pactado juntos en Bruselas y ha avisado que no hay margen de negociación. La cara seria de Pedro Sánchez a la salida del Congreso era una buena muestra del desconcierto y enfado de los socialistas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue el encargado de hacerlo evidente: “Ha votado en contra de una ley que ha pactado, que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y ha votado ‘no’ de la mano del PP y de Vox, que los quieren encarcelar e ilegalizar”.
La ley de amnistía vuelve ahora a la Comisión de Justicia del Congreso, que tiene 15 días para emitir un nuevo dictamen. Desde Junts son conscientes que han vuelto a tensar mucho la cuerda y el mismo Carles Puigdemont envió un mensaje conciliador al PSOE para alargarle la mano para encontrar un punto de entendimiento. El problema es que los socialistas consideran que ya se han movido suficiente y no están dispuestos a eliminar las referencias al terrorismo y la alta traición del redactado de la ley, tal como pedían Junts y ERC. Así lo decía el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que avisó Junts que los socialistas no pondrán en riesgo la “seguridad jurídica” de la ley porque sería un “error”.
El PSOE defiende que la ley es “impecable y constitucional” —el segundo adjetivo es clave para que la norma pueda tener recorrido en España y Europa cuando se publique en el BOE— y asegura que, a pesar de haber cierto margen para hacer pequeños retoques, las referencias al terrorismo no se quitarán del texto. Fuentes de la Moncloa han filtrado que Pedro Sánchez quiere marcar de cerca a Junts y defender sus líneas rojas respecto a la amnistía. Además, el nuevo dictamen de la Comisión de Justicia llegará en plena precampaña en Galicia. Los dos partidos están dispuestos a aguantarse mutuamente el pulso y está por ver cómo enfocarán unas negociaciones que van más allá de la amnistía, puesto que de fondo lo que está en juego es la dinámica negociadora de la legislatura.
Las negociaciones de los presupuestos, en punto muerto
La crisis entre el PSOE y Junts también complica las negociaciones para los presupuestos generales del Estado, que tenían que empezar en los próximos días, una vez se hubiera aprobado la amnistía. Desde el gobierno español ahora quieren ver “cómo respiran” los de Carles Puigdemont, que han hecho una apuesta decidía para hacer valer sus votos y forzar los socialistas a aceptar nuevos cambios, incluso cuando los otros seis partidos de la coalición de investidura ya se habían puesto de acuerdo. El Ministerio de Hacienda, escarmentado por las negociaciones de última hora de los decretos anticrisis que tantas críticas generaron entre sus socios, quería presentar el proyecto de presupuestos durante el mes de marzo, después de haberse reunido con los grupos parlamentarios. Pero el retorno de la amnistía a la Comisión de Justicia puede hacer que las dos negociaciones se solapen y corren el riesgo de contaminarse.
En la Moncloa son conscientes que el reloj corre a favor de Junts, puesto que la tramitación parlamentaria de los presupuestos acostumbra a durar dos meses y medio y debe empezar puntual para que llegue antes del verano. Hacienda quería aprobar los presupuestos en abril, enviarlos al Senado en mayo y publicarlos en el BOE para que entren en vigor en junio. Más allá de esa fecha, sería muy complicado porque las cuentas de 2024 se aprobarían justo cuando se tienen que volver a revisar los objetivos de déficit y se tienen que empezar a preparar los presupuestos de 2025. Sea como fuere, el gobierno español mantiene que la legislatura, a pesar de que se presenta complicada, no peligra porque la potestad de convocar elecciones es de Pedro Sánchez y los presupuestos se pueden prorrogar. “En todo caso, lo que peligra es la amnistía”, rematan fuentes de la Moncloa.
