La ley de amnistía se debatirá y se votará en el Congreso de los Diputados sin que el PSOE y los partidos independentistas hayan llegado a un acuerdo sobre cómo blindar la aplicación de la norma para los CDR de la Operación Judas y a los investigados del caso Tsunami Democrático. Este jueves por la mañana la ley ha superado el trámite de la ponencia e irá al pleno el próximo 30 de enero. Finalmente, se han incorporado las ocho enmiendas pactadas por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG. Junts ha votado a favor de los cambios, a pesar de que hace dos días se descolgaron del acuerdo.
Las enmiendas que ERC y Junts presentaron en solitario para intentar dar cobertura a los casos con acusados por terrorismo continúan vivas y todavía se podrán debatir en comisión o, si tampoco hay acuerdo, en el mismo lleno. Con todo, el PSOE ha asegurado que no tiene ninguna intención de introducir cambios en el apartado de terrorismo porque consideran que es una cuestión muy sensible que podrían poner en entredicho una ley “impecable desde el punto de vista legal y constitucional”. Los independentistas también quieren reforzar las garantías para los casos de lawfare no vinculados con el 9-N y el 1-O y mantener la eficacia del texto aunque haya recursos en el Tribunal Constitucional o la justicia europea.
Después de no haber llegado a ningún acuerdo durante la presentación de las enmiendas, Junts y ERC han recuperado cierta sintonía y han votado a favor de la mayoría de los cambios introducidos por ambas formaciones, tanto en solitario como con otros partidos. Con todo, tanto unos como los otros defenderán sus propuestas durante el trámite en comisión la semana que viene, donde se pueden introducir transaccionales.
El PP reclama retirar la ley de amnistía
El debate en ponencia ha sido marcado por la publicación del informe de los letrados del Congreso, que ponen en entredicho la constitucionalidad de la ley y apuestan por una reforma de la Carta Magna como mejor vía de tramitarla. El PP ha aprovechado el documento para reclamar una vez más al PSOE que retire el proyecto de ley. Los populares han exigido que no acepten ninguna de las enmiendas, algunas de las cuales, aseguran, se presentaron fuera de plazo. El portavoz del PP en la cámara, Miquel Tellado, asegura que el informe es “demoledor” y demuestra que el texto es un “misil a la línea de flotación del Estado». El gobierno español, en cambio, se muestra tranquilo y confía que el texto actual, con las últimas modificaciones, no solo es constitucional, sino que ofrece la máxima protección a todos los represaliados.
El siguiente paso en el largo camino que tiene delante la ley de amnistía es su paso por la Comisión de Justicia, donde llegará el 23 de enero. Allá los grupos podrán debatir y votar las enmiendas pendientes y elaborarán un dictamen para el debate que se hará al pleno y que tendrá lugar el 30 de enero. Aquel día se volverá a debatir y, haya acuerdo o no con las enmiendas sobre el terrorismo, se votará de manera definitiva. Si no hay sorpresas de última hora, pase lo que pase el texto tendría que salir adelante con los 178 votos que suman el PSOE, Sumar, ERC, Juntos, PNV, Bildu y BNG. Después la ley irá al Senado, donde podría estar encallada hasta dos meses y, cuando el PP la tumbe, volverá al Congreso para ser aprobada definitivamente en abril o mayo.
