El PSOE afronta el Congreso Federal de Sevilla de este fin de semana con la urgencia de proteger a Pedro Sánchez de todo el ruido que se ha formado a su alrededor por las numerosas causas judiciales de su entorno. El presidente español está en uno de sus peores momentos, con la esposa y el hermano investigados en los juzgados, el partido bajo sospecha por el caso Koldo y la acción de gobierno al ralentí por la dificultad de llegar a acuerdos con los seis socios que conforman la mayoría de investidura.
Durante el congreso, los socialistas cerrarán filas con Sánchez, que será reelegido como secretario general del partido. El presidente español tendrá que confeccionar la nueva ejecutiva del PSOE que, problemas judiciales aparte, en los próximos meses deberá navegar entre las reticencias de sus barones territoriales al nuevo financiamiento catalán y tendrá que arremangarse para salvar la agenda legislativa del gobierno, que aún ve posible agotar la legislatura a pesar de las grandes dificultades que tiene para pactar.
El núcleo duro del presidente
Sánchez llega al Congreso de Sevilla sin una oposición interna clara, más allá de las críticas de algunos dirigentes por las concesiones a los partidos independentistas. Los más de mil delegados que acudirán a la capital andaluza deberán certificar su reelección como secretario general —no se ha presentado ninguna lista alternativa— y votarán la nueva dirección del partido. Se da por hecho que Sánchez mantendrá su núcleo duro, con la vicepresidenta del gobierno español, María Jesús Montero, como número 2 del partido y con Santos Cerdán, hombre para todo y principal interlocutor con Carles Puigdemont, como secretario de Organización.
Todas las apuestas apuntan a que el flamante ministro de Transportes y pitbull del gobierno socialista, Óscar Puente, tendrá más peso en la nueva ejecutiva, mientras queda por definir qué papel tendrán otras figuras emergentes del partido como el exjefe de gabinete de Sánchez y ahora ministro de Transición Digital, Óscar López; o el superministro de la Presidencia y de Justicia e interlocutor preferente del PSOE con ERC, Félix Bolaños.
Las causas judiciales abiertas contra el entorno de Sánchez
El PSOE llega al Congreso de Sevilla acosado por las causas judiciales abiertas en el entorno más cercano de Sánchez. El primero fue el caso Koldo, que de momento ya ha dejado tocado al exministro de Fomento y antigua mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, que está imputado por su papel “principal” en la supuesta trama de corrupción. La declaración incendiaria del intermediario Víctor de Aldama, que acusó a Sánchez de estar al corriente de todo, deja al líder socialista en una posición complicada y con la duda permanente de si algún juez acabará citándolo a declarar.
El segundo frente judicial es contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que está investigada por el juez Peinado por un supuesto delito de tráfico de influencias y apropiación indebida. El hermano del presidente español, David Sánchez, también está investigado por un juez de Badajoz por un caso de malversación en un contrato de la Diputación de Badajoz. El último frente abierto es la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa tiene una derivada en el PSOE de Madrid, donde hasta ahora el secretario general, Juan Lobato, ha dimitido después de filtrarse que había grabado conversaciones sobre el caso y está citado a declarar en el Tribunal Supremo en calidad de testigo.
El PP aprovecha para hurgar en la debilidad de Sánchez
El PP no ha desaprovechado la ocasión para hurgar en la debilidad de Sánchez y considera que el PSOE llega al congreso de Sevilla en “descomposición” y que la cita no podrá arreglar la crisis que vive el partido. “Produce mucha vergüenza y agotamiento que cada semana veamos un escándalo diferente”, lamentó este jueves el portavoz del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Antena 3. “Es verdaderamente sorprendente vivir en un país donde aceptamos con naturalidad que el fiscal general del Estado, que se ocupa fundamentalmente de perseguir delitos, esté investigado por la comisión de un delito extraordinariamente grave. Y es profundamente lamentable que el fiscal general del Estado continúe a cargo con el apoyo del gobierno y del Partido Socialista”.
