El Partido Popular ha llevado a Bruselas el acuerdo de reparto de menores migrantes no acompañados pactado por Junts y el PSOE al considerarlo “incompatible” con la legislación europea. En una pregunta parlamentaria presentada por la portavoz de los populares en el Europarlamento, Dolors Montserrat, el partido ha denunciado que el nuevo sistema de reparto para acoger a los 4.400 menores migrantes no acompañados que hay en las Islas Canarias se basa solo en argumentos “políticos” y no en “principios objetivos de solidaridad y proporcionalidad”. Por ello, el PP ha reclamado a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el pacto y explique las medidas que pondrá en marcha para garantizar que el reparto respeta el derecho comunitario.
La raíz del problema es que el sistema de reparto pactado por Junts y el PSOE no solo contempla criterios proporcionales como la población, sino que también tiene en cuenta el esfuerzo previo realizado por territorios como Cataluña o el País Vasco, que encabezan la lista de comunidades de acogida por el número de plazas del sistema por cada 100.000 habitantes. Cataluña es la primera con 64 plazas por cada 100.000 habitantes, seguida del País Vasco (60) y en tercera posición están las Islas Baleares (43). En la cola están Cantabria (23), Madrid (22) y Castilla-La Mancha (21). De acuerdo con el nuevo sistema y teniendo en cuenta la necesidad de compensar años de repartos desiguales, de los 4.400 menores no acompañados que hay en las Islas Canarias, Cataluña recibiría 26 y Madrid, 806.
Las comunidades del PP, en contra del reparto
Las comunidades del PP, lideradas por Madrid, han puesto el grito en el cielo, pero se han visto obligadas a cumplir la ley, y por eso ahora Génova recurre a Bruselas para intentar dilatar el proceso o, al menos, enredar un poco más la situación. En el documento presentado a la Comisión Europea, los populares se centran únicamente en el resultado del nuevo sistema de reparto de menores migrantes no acompañados y denuncian que Cataluña, un territorio de más de ocho millones de habitantes, solo acogerá una veintena de menores, mientras que Madrid o Andalucía, que superan los siete millones de habitantes y están gobernadas por el PP, recibirán más de 700 cada una. Ninguna mención al hecho de que Cataluña acoge más del doble de menores migrantes no acompañados o jóvenes tutelados que la Comunidad de Madrid.
“Las cifras muestran que este reparto se basa en criterios políticos […] y plantea dudas sobre su compatibilidad con los valores y normativas de la UE en materia de asilo y protección infantil”, remarca el PP. Según la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, este trato “desigual” es una prueba clara del “uso partidista que hace el gobierno español de la inmigración, priorizando acuerdos políticos con sus aliados separatistas” antes que la “justicia y el bienestar” de los menores afectados. “Creemos que la reubicación de menores migrantes en España debe realizarse con criterios objetivos y equitativos, en cumplimiento del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, insiste Montserrat.
