El País Vasco ha sido el territorio del estado español que más provecho ha sacado del gobierno en minoría de Pedro Sánchez. Desde que la moción de censura contra Mariano Rajoy lo llevó a la Moncloa en el año 2018, Pedro Sánchez ha pactado una treintena de traspasos de competencias con las autonomías. Y el País Vasco es la que más ha conseguido con 16, muy lejos de Cataluña, que en seis años solo ha conseguido cerrar la cesión de cuatro competencias. No es casualidad que cuando Sánchez comenzó la ronda de contactos con los presidentes autonómicos de cara a la conferencia de finales de año, comenzara con el lehendakari Imanol Pradales (PNB), con quien el PSOE gobierna en coalición desde hace años.
Mientras ERC y Junts llevan años tirándose los trastos a la cabeza y batallando por sobrevivir al postproceso, el PNB ha continuado con su política pragmática y ha ganado una sábana en cada lavado. Solo este 2024, los vascos han conseguido cinco nuevos traspasos de competencias, dos de los cuales se cerraron el pasado mes de noviembre, cuando Sánchez y el lehendakari pactaron la transferencia de la gestión del litoral y la cinematografía. También aprobaron un calendario con una veintena de nuevos traspasos para este 2025, incluida la Seguridad Social y los puertos y aeropuertos.
El número de traspasos procede de los datos que publica el Ministerio de Política Territorial y que ha recogido Europa Press. Entre 1978 y 2024 ha habido más de 2.000 traspasos de competencias a comunidades y ciudades autónomas. En estos más de 40 años, Cataluña lidera la lista con 192 transferencias, seguida de Andalucía (155), Galicia (155), Comunidad Valenciana (134), Canarias (128) y País Vasco (120). Cierran la clasificación Castilla-La Mancha (93), La Rioja (76) y Navarra (62). Entre 2015 y 2017, con Mariano Rajoy de presidente, no hubo ningún traspaso de competencias, que se reanudaron con la llegada de Sánchez a la Moncloa, quien lo primero que hizo fue transferir dos al País Vasco en los primeros meses de legislatura.
La cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos
Uno de los grandes logros del País Vasco ha sido el acuerdo para asumir la seguridad y el orden público en los puertos y aeropuertos vascos, que se cerró en verano. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que no perderán agentes en el territorio, mantienen las competencias de extranjería, el control de fronteras y la lucha contra el fraude fiscal. Son las mismas competencias que ERC había dejado ligadas justo antes de convocar elecciones y que el gobierno de Salvador Illa rechazó inicialmente por falta de agentes. Ante el aluvión de críticas, el PSC retrocedió y anunció un nuevo encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para concretar lo que sería uno de los grandes traspasos de los últimos años en Cataluña.
Estos últimos años han sido mucho más pobres para Cataluña. Con el gobierno de ERC en minoría, con el PSC haciendo oposición dura en el Parlamento y en plena transición postproceso, la Generalitat con bastante dificultad ha asumido la gestión del ingreso mínimo vital y ha conseguido tres ampliaciones de traspasos anteriores que, básicamente, suponen más medios materiales y humanos para Justicia. También han arrancado a Interior que los Mossos d’Esquadra puedan investigar delitos contra el medio ambiente ocurridos en Cataluña. Nada más. Quedan por resolver el traspaso de Rodalies, las becas, la propiedad de los edificios del Estado ubicados en Cataluña y la financiación singular que, si se materializa tal como pactaron ERC y PSC, supondrá asumir la gestión y la recaudación de los impuestos que se generan en el país.
También está por ver cómo quedará el traspaso “integral” de competencias en inmigración que Junts pactó con el PSOE a cambio de la investidura de Sánchez. Después de un año de negociaciones, las conversaciones se han enfriado. El control de fronteras es uno de los puntos calientes que enfrenta al Ministerio del Interior con los de Carles Puigdemont. Marlaska no quiere ni oír hablar de cederlo a los Mossos y Junts dice que es una parte imprescindible del acuerdo de hace un año. Tampoco queda claro cómo se gestionará la concesión de NIEs, la expulsión de migrantes que delinquen o el control de fronteras. El gobierno está dispuesto a hacer concesiones administrativas, de gestión de recursos y ayudas, pero no quiere hacer concesiones más estructurales y se escuda en que hace falta una reforma de una ley orgánica que implica pactar con el PP.
