La Fundación Francisco Franco podría tener las horas contadas. El Congreso de los Diputados inicia este martes la tramitación de una proposición de ley del PSOE para reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que abre la puerta a disolver entidades como la fundación, dedicada a la difusión de la figura del dictador español y de los logros de su régimen. La propuesta deja la apertura del proceso de disolución en manos de la Fiscalía y solo se podría concretar mediante una resolución judicial.

La iniciativa de los socialistas da cumplimiento a la disposición adicional séptima de la ley de memoria democrática, aprobada a finales del 2022, que preveía la modificación la ley de asociaciones para permitir la disolución de entidades que hagan “apología del franquismo”. La reforma estaba prevista por finales del 2023, un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria. El PSOE ha optado para presentar una proposición de ley, y no un proyecto de ley del gobierno, para poder acelerar los trámites.

Cartel de la Fundación Francisco Franco donde se enaltece la figura del dictador y su régimen / FFF

La letra pequeña de la ley para disolver la Fundación Francisco Franco

La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, prevé la inclusión de una disposición adicional en la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que establece como uno de los criterios de disolución de entidades “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”. Esta apología se puede producir en tres supuestos: “enaltecer el golpe de Estado del 1936 o la dictadura posterior”, enaltecer a sus dirigentes con “desprecio y humillación de la dignidad de las víctimas de la vez [de estado], la guerra civil o el franquismo” o con la “incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas [víctimas] o por su condición de víctimas”.

La disposición especifica que la disolución solo se podrá hacer efectiva a través de una resolución judicial y será potestad del Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procedimientos”. La proposición de ley también detalla que la disolución se puede aplicar independientemente de las finalidades teóricas y actividades plasmadas en los estatutos de la entidad y al margen de si han cumplido o no su inscripción en el registro, puesto que se considera que es un trámite que solo está previsto a efectos de publicidad.

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