La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, ha dado este martes luz verde al periplo parlamentario de la ley de amnistía, mientras que PP y Vox amenazan de hacer frente a la norma. El máximo órgano de la cámara baja ha validado la proposición de ley con los cinco votos de PSOE y Sumar ante los cuatro votos en contra de la derecha española, por lo cual ahora ya empezará a debatirse al hemiciclo. La Mesa ha tomado esta decisión después de recibir un informe de 21 páginas de los letrados de la cámara, donde concluían que no ven «defectos formales que imposibiliten la tramitación» de la iniciativa. De hecho, a diferencia de la propuesta de ley que propuso el independentismo en 2021 y que se consideró que no entraba dentro de los márgenes de la constitución, los letrados concluyen que el redactado de este año no se puede considerar, a priori, inconstitucional porque no se trata de un indulto general.
El periplo, pero, no será fácil. Después que la Mesa ha registrado la propuesta en el Congreso, PP y Vox han iniciado su cruzada contra la amnistía. Los populares han presentado una recusación contra el nuevo letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, uno de los letrados que firman el informe, bajo el argumento que Galindo se tendría que haber abstenido porque formó parte del gobierno español como subsecretario de Política Territorial hasta pocos días antes de ser nombrado. La Mesa de la cámara baja, pero, ha rechazado la recusación. Por su parte, Vox ha anunciado que este martes presentará querellas por delito de prevaricación contra los letrados que firmaron el informe. Según el líder del partido, Santiago Abascal, el informe «persigue legitimar el golpe en el estado de derecho». Bajo esta amenaza, la extrema derecha también avisa que, si es necesario, extenderá las querellas a todos los miembros de la Mesa que han votado a favor de la ley de amnistía.
Presionar la Mesa para dilatar la ley
Descontentos con la decisión de la Mesa, desde el PP también han apuntado a la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión tomada. Los populares podrían acompañar este recurso de una petición para que el Constitucional adopte medidas cautelares y suspenda la tramitación de la norma. A toda esta serie de trabas se le suma la modificación del reglamento del Senado, cosa que permitirá dilatar la aprobación de la ley de amnistía.
