Cuatro informes son los que ha entregado la Sindicatura de Comptes de Cataluña al Parlamento este miércoles. Y todos con cuatro duros reproches a la gestión de los servicios públicos fiscalizados. En total, la auditoría ha analizado las cuentas y la gestión de las delegaciones del Gobierno en el exterior, de servicios contratados por el Departamento de Salud, y de los servicios de comedor contratados por Educación y de políticas contra el sinhogarismo de Derechos Sociales. La reprimenda de los síndicos es rotunda y destaca la alerta por desviaciones presupuestarias, falta de eficacia o descontrol del gasto público.
En concreto, la Sindicatura ha registrado en la cámara catalana el informe 8/2026, relativo al servicio escolar de comedor en los centros públicos de educación infantil y primaria; el informe 9/2026, relativo a la contratación de servicios para las entidades del ámbito de la salud, período 2022-2024; el informe 10/2026, relativo al marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña 2022-2025, y el informe 11/2026, sobre las delegaciones del Gobierno en el exterior, ejercicio 2024.
Salud: «Opinión desfavorable con el cumplimiento de la legalidad»
El informe 9/2026, relativo a la contratación de servicios para las entidades del ámbito de la salud del período 2022-2024, que firma la síndica Maria Àngels Cabasés, tiene como objetivo analizar el control y la supervisión de la ejecución de los contratos de Salud. La muestra fiscalizada incluye 17 contratos de servicios adjudicados en el período 2022-2024, por un total de 11 entidades del ámbito del sector público de la salud. En concreto, el Banco de Sangre y Tejidos, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Consorci Sanitari del Maresme, Consorci Sanitari Integral, Departamento de Salud, Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Clínic de Barcelona, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut y Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
El informe no se anda con rodeos y concluye, sin rodeos, que «la Sindicatura emite una opinión desfavorable en cuanto al cumplimiento de legalidad», en estas contrataciones. En opinión de la Sindicatura, aunque las entidades tienen mecanismos propios de control, no son suficientes para «verificar y conocer si las empresas adjudicatarias ejecutan el servicio cumpliendo todas las prescripciones administrativas y técnicas establecidas en los pliegos de bases reguladoras de la contratación y en las ofertas presentadas, y si lo hacen de manera que se garantice en todos los casos la transparencia, la calidad o la eficiencia».
De hecho, destacan los contratos del Banco de Sangre y Tejidos y del Consorci Sanitari del Maresme, en los cuales «el gasto ejecutado y facturado supera el importe de los contratos formalizados y sin el amparo adecuado en modificaciones contractuales vigentes». El importe total de la desviación observada es de 1,79 millones de euros. Asimismo, reprochan externalizaciones de servicios no justificadas, memorias de contrataciones no suficientemente explícitas, subrayan contrataciones de las cuales no se ha hecho seguimiento, adjudicaciones con precios inducidos por el adjudicatario, subcontrataciones no comunicadas y prórrogas contractuales sin argumentar.
Delegaciones en el exterior
El informe 11/2026, relativo a las delegaciones del Gobierno en el exterior, ejercicio 2024, lo firma la síndica Llum Rodríguez. La auditoría fiscaliza la gestión de las 21 oficinas delegaciones, con 20 delegados, 1 delegado adjunto, 70 efectivos de personal contratado en destino y 7 efectivos del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior. En resumen, un presupuesto total para el ejercicio de 2024 de 18,52 millones de euros, de los cuales 9,4 corresponden a presupuesto ejecutado por las delegaciones, 5,27 millones a presupuesto ejecutado por el departamento y 3,85 millones a remanentes del ejercicio.
Las conclusiones de la Sindicatura no dejan en muy buen lugar la gestión de estas delegaciones. Por ejemplo, la síndica subraya que «no constan indicadores que permitan evaluar la consecución de los objetivos y no hay un documento que recoja el grado de cumplimiento del programa de trabajo que anualmente se debe establecer para cada delegación». La Sindicatura también ha observado «diversidad de criterios en el nombramiento de jefes de oficina o enviados especiales», sin una normativa clara.
En cuanto a los términos más financieros, la entidad afirma que «las propuestas de presupuesto para el ejercicio 2024 se tramitaron y aprobaron el mismo 2024 y no antes del comienzo del ejercicio, contrariamente a lo que dispone la normativa». Asimismo, señala que el 31 de diciembre de 2024 las delegaciones tenían unos remanentes a incorporar en el ejercicio siguiente de 3,85 millones, es decir, el 29,07% del presupuesto de gastos. En 6 delegaciones estos remanentes superaban el 50% de su presupuesto. Unas cifras que ponen en duda la efectividad del trabajo programado de las delegaciones. Facturaciones irregulares, contrataciones de personal que no se ajustan a la normativa o abono de gastos de los delegados que no correspondían.
Servicio de comedor
El informe 8/2026 es una fiscalización operativa sobre el servicio de comedor escolar en los centros públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, durante el curso 2023-2024, con el objetivo de valorar si este servicio se ha prestado de acuerdo con los principios de eficacia, de eficiencia y de economía y de conformidad con la normativa. Un servicio del cual son usuarias 300.000 personas y que es competencia del Departamento de Educación y Formación Profesional y el Consorci d’Educació de Barcelona.
Un servicio que implica un precio medio de 6,64 euros por menú, a pesar de las diferencias territoriales, y un volumen de negocio de 255 millones de euros por curso. Unas cifras que la Sindicatura cree que no están suficientemente controladas. «Hay una falta de sistemas eficaces de control y supervisión por parte del departamento de Educación, que no tenía implementado ningún sistema integral de información relacionada con la gestión del servicio escolar de comedor», afirma la auditoría.
Según la fiscalización, que firma la síndica Anna Tarrach, el sistema utilizado para la gestión en todo el país, provoca «dispersión y falta de información del servicio y problemas importantes de gobernanza». Así, resalta que «una parte muy significativa de los contratos no se ajustaba a la normativa de contratación». De hecho, critica las contrataciones directas por parte de los centros o las asociaciones de familias. Aunque la Sindicatura valora el servicio como una pieza instrumental que «contribuye favorablemente a que todo el alumnado tenga acceso a una alimentación adecuada y equilibrada», contrapone que «hay margen de mejora en aspectos organizativos, de concurrencia y de control y seguimiento«.
Sinhogarismo, «debilidades importantes»
En cuanto al informe 10/2026, sobre el marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña 2022-2025, se ha realizado lo que se denomina una «auditoría operativa con enfoque evaluador» del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para constatar si han cumplido con eficacia el programa marco para abordar el problema de los ciudadanos sin techo. La fiscalización se ha dirigido hacia un importe total recibido que ha evolucionado de 12,19 millones de euros en 2022 a 15,22 millones en 2024, con una ejecución de gasto del 87,03% en 2024. En cuanto al recurso de vivienda, a pesar de la previsión para el año 2022 de hasta 300 viviendas destinadas al sinhogarismo, en mayo de 2025 solo 18 viviendas habían sido efectivamente cedidas.
La Sindicatura pone de «relieve» las «debilidades importantes que afectan negativamente la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión del conjunto de las actuaciones desplegadas en el marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña«. Unas «debilidades», que, a criterio de la Sindicatura, «comprometen la planificación estratégica, el establecimiento de los objetivos e indicadores, la disponibilidad de datos fiables, la coherencia interna y externa de la intervención, el seguimiento y el control de las actuaciones, el acceso efectivo a la vivienda y la equidad territorial». Asimismo, cargan contra el hecho de que «no se dispone de datos que permitan acreditar una reducción de las personas en situación de sinhogarismo que viven en la calle en Cataluña».
